La nueva carrera lunar frente al vacío del derecho internacional

En 2020, la administración Trump declaró que el espacio no es un "bien común global" y lanzó los Acuerdos Artemis: un marco de gobernanza lunar negociado entre Washington y sus aliados, con exclusión de China y Rusia. Su objetivo central es consolidar la interpretación estadounidense sobre la extracción de recursos espaciales como estándar internacional, según la cual dicha extracción "no constituye una apropiación nacional".

En el Tratado del Espacio Exterior este punto constituye una laguna legal: no prohíbe la explotación mineral, pero tampoco la habilita formalmente. Si suficientes países adoptan esa posición, podría consolidarse como derecho consuetudinario favorable a quienes ya tienen industria espacial privada desarrollada. Es clave destacar que durante la administración Biden este consenso se mantuvo, revelando un acuerdo bipartidista en Washington. Artemis II, que completó su vuelo lunar en abril de 2026, es la expresión más visible de esa estrategia. A la fecha, 67 países han firmado los Acuerdos.

China articuló su respuesta en dos frentes. En el plano discursivo, adoptó el lenguaje del "bien común global" que Estados Unidos abandonó (una decisión deliberada que le permite posicionarse como el actor multilateral dispuesto a compartir el espacio, frente a un Washington que persigue su propio interés). Un experto militar chino, ampliamente citado en medios estatales, comparó los Acuerdos Artemis con "los métodos de apropiación de tierras coloniales europeas". En el plano operativo, China lidera la Estación de Investigación Lunar Internacional (ILRS) junto a Rusia, con socios como Pakistán, Egipto y Sudáfrica, y avanza en una campaña diplomática para sumar 50 naciones a su programa lunar para la década de 2030. A diferencia de la NASA, el programa espacial chino opera bajo una doctrina de fusión militar-civil: sus misiones están profundamente integradas con el Ejército Popular de Liberación, lo que le permite sostener planes de décadas sin depender de ciclos presupuestarios ni debates parlamentarios.

La confrontación entre ambos bloques ocurre en un vacío legal que ningún tratado vigente puede llenar. El Tratado del Espacio Exterior de 1967 prohíbe la apropiación nacional de la Luna, pero no establece quién fija las reglas de uso, extracción de recursos o zonas de operación. El espacio se convierte así en un terreno de maniobra estratégica donde cada potencia busca ventajas mediante la interpretación de las normas y la construcción de estándares técnicos. La situación se agrava porque la creación de nuevo derecho espacial está bloqueada: la negociación de nuevos tratados se dificulta por la cantidad de intereses nacionales contrapuestos, y los esfuerzos por generar derecho consuetudinario aún no han producido normas ampliamente aceptadas como vinculantes. El valor estratégico del espacio reside en su capacidad de traducirse en resultados políticos, económicos y militares en la Tierra: quien logre marcar precedentes no operará únicamente en la Luna, sino que definirá los estándares que el resto del mundo deberá adoptar o disputar.

El Tratado de 1967 sobrevivió la Guerra Fría porque ambas superpotencias tenían incentivos para mantenerlo. El escenario actual es estructuralmente distinto: los Acuerdos Artemis son principios no vinculantes negociados por fuera de las Naciones Unidas, mientras el ILRS opera bajo su propia lógica de alianzas, y ninguno de los dos marcos tiene autoridad universal. Artemis enfrenta recortes presupuestarios y sus probabilidades de alunizaje en 2028 se estiman en un 70%. China, en cambio, mantiene un programa sin interrupciones con un alunizaje tripulado previsto para 2030. La Luna es el primer territorio del siglo XXI donde el orden internacional no se negocia entre todos: lo construye quien llega primero y se queda.

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