Agua segura en Argentina: cobertura desigual, contaminación silenciosa y el reto del acceso universal

El acceso al agua segura es un derecho humano esencial y una base para el desarrollo. En Argentina, aunque la cobertura de agua potable y saneamiento creció en los últimos años, persisten desigualdades marcadas entre regiones, zonas rurales y barrios populares. Según datos oficiales, más de 2,5 millones de personas se incorporaron en los últimos años a redes formales, pero los avances siguen siendo desiguales y todavía hay zonas donde el servicio es insuficiente o inestable.

Las brechas no solo reflejan diferencias socioeconómicas, sino también desigualdades territoriales que afectan la salud y el bienestar. En áreas rurales dispersas y sectores periurbanos, muchas familias dependen de pozos sin control, agua transportada o conexiones informales, lo que limita el ejercicio efectivo de este derecho.

Uno de los problemas más extendidos y menos visibles es la contaminación por arsénico en aguas subterráneas. Millones de personas viven en zonas donde las concentraciones superan los niveles recomendados, especialmente en regiones de la llanura Chaco-pampeana y en provincias del NOA y Cuyo. Esta problemática persiste en áreas rurales y peri-urbanas de Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Mendoza y otras provincias, donde la calidad del agua continúa representando un riesgo sanitario significativo.

La falta de infraestructura y saneamiento profundiza estas desigualdades. Aunque el país cuenta con programas específicos para zonas rurales, estas áreas siguen enfrentando dificultades para acceder a perforaciones seguras, sistemas de potabilización y monitoreo sistemático. En regiones donde el agua subterránea es la única fuente disponible, la ausencia de controles adecuados aumenta la vulnerabilidad frente a problemas de salud asociados al consumo de agua contaminada.

El Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 (ODS 6) establece “Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos”. Argentina, en su política hídrica, impulsa obras de infraestructura y ampliación de redes, con énfasis en territorios donde las brechas son más profundas. Sin embargo, la velocidad de las mejoras no siempre acompaña la magnitud de la demanda, lo que evidencia la necesidad de fortalecer capacidades institucionales, mejorar el monitoreo y garantizar continuidad en las inversiones.

Avanzar hacia el acceso universal exige acciones concretas. Priorizar la inversión en zonas rurales y barrios populares es fundamental para reducir desigualdades históricas. También resulta clave disponer de información pública actualizada sobre la calidad del agua, mediante mapas provinciales y reportes accesibles que permitan identificar riesgos sanitarios y orientar decisiones. La contaminación por arsénico y otros elementos muestra por qué la transparencia es esencial para la planificación territorial.

Además, la gestión del agua debe integrarse con políticas de salud, ambiente y desarrollo local. La gobernanza del agua en Argentina presenta desafíos estructurales: fragmentación institucional, capacidades dispares entre provincias y municipios, y dificultades para coordinar acciones entre niveles de gobierno, como advierten organizaciones internacionales. Fortalecer esa gobernanza resulta indispensable para garantizar continuidad, eficiencia y sostenibilidad.

La situación también requiere educación comunitaria, participación social y estrategias territoriales que incluyan sistemas de alerta temprana, monitoreo participativo y prácticas de consumo responsable. La falta de agua segura no solo afecta la salud: impacta la productividad, la economía familiar, la educación y la posibilidad de desarrollo de comunidades enteras.

Garantizar agua segura no es solo una meta de infraestructura: es una condición básica para construir territorios más equitativos y sostenibles. Argentina enfrenta desafíos importantes, pero también cuenta con políticas, capacidades y experiencias que pueden orientar un camino hacia un modelo de gestión que priorice a quienes hoy siguen esperando este derecho fundamental.