¿Bajar la edad de imputabilidad reduce el delito?

Mientras en Argentina vuelve la discusión sobre bajar la edad de imputabilidad, la evidencia internacional indica que esta medida no garantiza una reducción del delito y, en algunos casos, puede empeorarlo. ¿Sirve realmente castigar antes? ¿O existen alternativas más efectivas para mejorar la seguridad?

¿Qué dice la propuesta?

En Argentina, un menor de 16 años no puede ser juzgado penalmente como un adulto. El nuevo proyecto en debate propone bajar esa edad a 14, incorporando un régimen penal juvenil con procedimientos específicos y penas moderadas. Sus defensores sostienen que serviría para responder a delitos graves cometidos por adolescentes y cerrar la supuesta “puerta giratoria” que permitiría que quienes reinciden queden rápidamente en libertad. La medida, sin embargo, reabre tensiones históricas sobre la mejor forma de abordar la seguridad.

Aunque la opinión pública suele percibir que “los menores delinquen cada vez más”, los datos muestran un panorama distinto. En la provincia de Buenos Aires, solo el dos por ciento de las investigaciones penales iniciadas en 2023 involucraron a adolescentes, y la mayoría correspondió a robos sin violencia. A lo largo de la última década, los delitos cometidos por menores registraron un descenso sostenido. A esto se suma que Argentina presenta una de las tasas de homicidios más bajas de la región. Países como Brasil o México, donde la edad penal comienza a los 12 años, enfrentan índices de violencia mucho más altos, lo que indica que una imputabilidad más temprana no garantiza niveles de seguridad superiores.

¿Bajar la edad reduce el delito? Lo que muestran otros países

La experiencia internacional no valida la idea de que castigar antes reduzca la delincuencia juvenil. Un caso muy estudiado es el de Dinamarca, que entre 2010 y 2012 redujo la edad de imputabilidad de 15 a 14 años. Los estudios posteriores señalaron que los delitos no disminuyeron y que, entre los adolescentes ya involucrados previamente en hechos delictivos, incluso aumentaron. La reforma fue revertida.

En Estados Unidos, donde algunos estados permiten juzgar a menores como adultos, la criminología comparada muestra que estos adolescentes tienen mayores probabilidades de reincidir. La razón es clara: la exposición a cárceles de adultos, dinámicas violentas y entornos altamente criminalizados empeora sus trayectorias, en lugar de corregirlas.

En América Latina, la situación es aún más ilustrativa. Brasil y México poseen edades penales muy bajas, pero registran tasas de homicidio juvenil de las más elevadas del mundo. La evidencia sugiere que la edad de imputabilidad, por sí sola, no tiene capacidad para modificar los niveles de violencia.

Organismos como Unicef coinciden en que la baja de la edad penal no genera efecto disuasorio y puede producir daños severos en el desarrollo emocional, educativo y social de los adolescentes. La criminalización temprana, lejos de ser una solución, tiende a consolidar trayectorias delictivas.

Quiénes apoyan la baja y por qué

Los defensores de reducir la edad de imputabilidad a 14 años se encuentran principalmente entre ciertos sectores políticos, funcionarios de seguridad, algunos fiscales y parte de la opinión pública que percibe un aumento de la violencia juvenil. Su argumento central es que el sistema actual —donde los menores de 16 años son inimputables— genera un vacío legal que dificulta intervenir en casos graves o reiterados, especialmente en robos violentos, homicidios o hechos cometidos por grupos organizados.

Quienes respaldan la reforma sostienen que muchos adolescentes de 14 y 15 años participan de delitos sabiendo que no pueden ser penalmente procesados, lo que los haría especialmente susceptibles a ser captados por adultos que los utilizan como “mano de obra barata” para el delito. Según esta perspectiva, bajar la edad permitiría cortar esa dinámica y aplicar sanciones que desalienten nuevas conductas delictivas.

Otro argumento frecuente es de orden simbólico y social: quienes apoyan la medida creen que, en un contexto de inseguridad creciente, el Estado debe enviar un mensaje claro de responsabilidad penal, adaptado a un escenario donde los adolescentes —afirman— tendrían una mayor madurez cognitiva que décadas atrás. Aunque este punto es debatido, sus defensores lo presentan como un modo de equiparar la legislación argentina a estándares internacionales que, en algunos países, contemplan edades de imputabilidad más bajas.

Finalmente, algunos promotores de la reforma señalan que permitir la intervención penal más temprana habilitaría a los organismos del Estado a “actuar antes”, ofreciendo tratamientos, supervisión judicial y programas obligatorios de acompañamiento. Desde esta mirada, la posibilidad de juzgar a los adolescentes no se piensa sólo en términos de castigo, sino como un marco legal que haría más factible intervenir con herramientas de reinserción.

Las razones de quienes se oponen

Los críticos de la baja de la edad de imputabilidad conforman un bloque diverso compuesto por especialistas en infancia, jueces y fiscales del fuero juvenil, criminólogos, psicólogos, trabajadores sociales, organismos de derechos humanos y organizaciones internacionales como Unicef o la ONU. Aunque sus perspectivas varían, comparten una conclusión: no existe evidencia de que sancionar más temprano reduzca el delito, y sí existe evidencia de que puede aumentar la reincidencia y profundizar la exclusión social.

Estos sectores sostienen que el encarcelamiento temprano altera gravemente el desarrollo emocional, cognitivo y social de los adolescentes. Desde la neurociencia se demuestra que el cerebro no completa su maduración en áreas vinculadas a la impulsividad, el juicio moral y la planificación hasta los 24 o 25 años, lo que vuelve problemático exigir responsabilidad penal equivalente a la de un adulto a los 14 o 15 años. La sanción temprana, afirman, castiga conductas vinculadas a vulnerabilidades estructurales (pobreza, abandono escolar, consumo problemático) sin abordar sus causas.

Para los opositores, existe además un problema de proporcionalidad: en el sistema penal juvenil actual, el Estado ya puede intervenir en casos de situaciones de riesgo, abandono o conflicto con la ley mediante dispositivos de salud, educación y protección integral. Bajar la edad implicaría desplazar esos mecanismos protectores y reemplazarlos por dispositivos punitivos.

Entonces, ¿qué funciona para reducir el delito juvenil?

Aquí la evidencia es mucho más clara. Los programas de prevención social, el fortalecimiento de la escuela y las intervenciones tempranas con familias vulnerables tienen un impacto real en la reducción del delito. Países que apostaron por modelos de justicia juvenil orientados a la rehabilitación (como Noruega o Finlandia) lograron disminuir notablemente la reincidencia. En esos sistemas, el foco está puesto en el acompañamiento, la educación, la salud mental y la reconstrucción del vínculo con la comunidad. En cambio, los países que aplicaron políticas punitivas severas sobre adolescentes observaron niveles de reincidencia más altos y trayectorias delictivas más rígidas.

Conclusión

El debate sobre la baja de la edad de imputabilidad es legítimo, pero necesita basarse en evidencia antes que en intuiciones o casos excepcionales. Hoy, los datos disponibles señalan que bajar la edad no reduce el delito y que, en algunos contextos, puede incluso empeorarlo. Argentina, además, no enfrenta un aumento de la criminalidad juvenil: la participación de adolescentes en delitos es baja y está en descenso.

La seguridad se fortalece con políticas preventivas, justicia juvenil especializada y oportunidades reales para los jóvenes. Castigar antes no significa prevenir mejor; acompañar, incluir y rehabilitar es lo que muestran los datos como camino efectivo.