Carrera judicial... ¿en pisos pegajosos?

El Poder Judicial puede ser un actor central en el proceso de democratización de la sociedad y el Estado argentino, desempeñando un rol clave en la protección de los derechos de la ciudadanía y de los intereses generales de la sociedad. Una magistratura diversa e igualitaria en términos de género es un prerrequisito fundamental para reconstruir la legitimidad democrática del Estado y tornar su organización más receptiva y sensible a la protección de los derechos de las mujeres (Techo de cristal en la justicia, Fundar).

La Oficina de la Mujer (OM) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación publicó el 8 de marzo del corriente año una nueva versión del Mapa de Género de la Justicia Argentina. El documento releva la distribución de los cargos por género del sistema de justicia de nuestro país durante 2023.

Según dicho documento, si bien más de la mitad (57%) del plantel del sistema de justicia estuvo constituido por mujeres (74.680) y el 61% del funcionariado también lo era, ellas conformaban sólo el 29% de los cargos de ministras/os, procuradoras/es generales y defensoras/es generales.

"...más de la mitad (57%) del plantel del sistema de justicia estuvo constituido por mujeres (74.680) y el 61% del funcionariado también lo era, ellas conformaban sólo el 29% de los cargos de ministras/os, procuradoras/es generales y defensoras/es generales."

La situación descrita en el Mapa de Género revela una profunda contradicción: a pesar de que las mujeres constituyen una mayoría en el personal del sistema judicial, su representación en los altos cargos es alarmantemente baja.

Este fenómeno de segregación vertical se debe principalmente a que existen barreras invisibles no formales y legales que desalientan a las mujeres a competir para ocupar puestos de mayor jerarquía. En el estudio Techo de cristal en la justicia, se reconoce que una de las principales causas por las cuales las mujeres no acceden a los puestos más altos en la justicia se debe a la falta de perspectiva de género en los criterios de selección de jueces y juezas, lo que perpetúa la desigualdad de oportunidades. Este fenómeno también alcanza a las selecciones en el Ministerio Público Fiscal y en el de Defensa.

La carrera judicial se transita por la selección en concursos públicos y las reglas establecen que los candidatos deben demostrar una sólida trayectoria profesional, que incluye la aprobación de exámenes, experiencia en la Justicia, publicaciones académicas y formación avanzada. Estos requisitos pasan por alto la dificultad que representa para las mujeres equilibrar sus responsabilidades profesionales con la necesidad de cumplir con los requisitos académicos, especialmente si son madres. El estudio también pone en evidencia que no son tenidas en cuenta desigualdades estructurales, como por ejemplo, que las mujeres dedican el doble de tiempo a las tareas de cuidado o domésticas que los hombres. En conjunto, todas estas barreras operan como desincentivos a las mujeres a competir para ocupar puestos de mayor decisión y jerarquía.

Johanna Cristallo, directora del área de Justicia de Fundar, propone varias recomendaciones para mejorar la política pública en los procesos de selección, incluyendo la modificación de reglamentos para abordar las barreras sociales y culturales que enfrentan las mujeres, y el establecimiento de un cupo de género para equilibrar la representación. También sugiere dar mayor peso a los exámenes de oposición en el puntaje final, ya que las mujeres y los jóvenes suelen obtener mejores resultados. Enfatiza la importancia de generar evidencia empírica actualizada para monitorear la inscripción de mujeres en concursos, así como la necesidad de realizar campañas de comunicación para incentivarlas a participar. Finalmente, se plantea diseñar una política presupuestaria con perspectiva de género para la planificación y evaluación de estos concursos.

La falta de representación femenina en los niveles más altos del sistema no solo afecta la legitimidad de las decisiones judiciales, sino que también limita la capacidad del sistema para abordar de manera efectiva las problemáticas que enfrentan las mujeres en la sociedad. En este contexto, es crucial que se adopten medidas concretas para fomentar una magistratura más inclusiva, que no solo refleje la diversidad de la población, sino que también garantice una justicia más equitativa y sensible a las necesidades de todos los ciudadanos.

Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch, señaló que “tener una Corte Suprema compuesta exclusivamente por hombres envía un mensaje preocupante a las muchas mujeres abogadas y académicas altamente calificadas de Argentina sobre su capacidad de acceder a posiciones destacadas en el poder judicial”.