COP30 y justicia climática

En un orden internacional que apuesta por la eficacia del multilateralismo, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático representa un esfuerzo conjunto frente a la crisis climática. Con una membresía casi universal, propone un objetivo elevado: estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero a un nivel que impida interferencias antropógenas (inducidas por el hombre) peligrosas en el sistema climático.

A pocos meses del inicio de la Conferencia de las Partes (COP) número 30, persisten las tensiones en torno a la distribución de responsabilidades entre países. Las diferencias históricas en emisiones, capacidades tecnológicas y acceso al financiamiento aumentan la percepción de inequidad en la respuesta colectiva al cambio climático.

Una realidad ineludible

Desde su primer informe en 1990, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, advierte a la comunidad internacional sobre la gravedad y la dimensión global de la crisis climática. En ese momento, el cambio climático se describía como un fenómeno potencialmente devastador que requería una respuesta coordinada.

Más de tres décadas después, los esfuerzos realizados no han logrado controlar la liberación de gases contaminantes. De hecho, entre 2010 y 2019 se registraron las mayores emisiones históricas de gases de efecto invernadero. Este incremento se produjo a pesar de la COP15 de Copenhague, considerada como la última oportunidad para lograr una acción climática global ambiciosa.

En este escenario, André Corrêa do Lago, presidente de la COP30, asegura que enfrentar la crisis exige un avance hacia un desarrollo sostenible, con transiciones justas y sociedades bajas en carbono y resilientes al clima. Sin embargo, ese objetivo solo es viable si se movilizan recursos suficientes y se reducen las desigualdades estructurales, tanto dentro de los países como entre ellos.

La responsabilidad ambiental

Las desigualdades en la distribución de responsabilidades climáticas son un reflejo de las relaciones de poder históricas del sistema internacional. Desde la revolución industrial, los países del Norte Global han acumulado riqueza mediante un modelo de desarrollo basado en la explotación intensiva de combustibles fósiles y recursos naturales, en gran parte provenientes del Sur global. Ello consolidó una deuda ecológica que hoy se traduce en impactos desiguales: los países que menos han contribuido a la crisis son quienes enfrentan sus consecuencias más significativas, con menores capacidades de adaptación y respuesta.

El principio de “Responsabilidades Comunes pero Diferenciadas” reconoce esta asimetría, pero no se ha traducido en un compromiso vinculante ni en un régimen que exija mayor responsabilidad a quienes más han contaminado. Las grandes potencias, como Estados Unidos o Rusia, se resisten a asumir compromisos proporcionales a su impacto histórico, mientras que las potencias emergentes del Sur Global (China, India o Brasil) se aferran a su estatus de países en desarrollo para evitar responsabilidades mayores, a pesar de su creciente volumen de emisiones.

En este escenario, los compromisos de financiamiento climático son postergados o incumplidos. Los fondos prometidos por los países desarrollados para apoyar la mitigación, adaptación y reparación de daños a los países más vulnerables no se han entregado con la escala y urgencia necesarias. Esta falta de voluntad política, combinada con las tensiones geopolíticas y los intereses económicos dominantes, obstaculiza la respuesta multilateral efectiva.

La Amazonia como escenario de los debates

La elección de Belém, Brasil, como sede de la COP30 no es solo histórica, sino profundamente política. La Amazonía es un ecosistema clave para la estabilidad climática del planeta, pero también un territorio atravesado por conflictos socioambientales, extractivismo y desigualdades persistentes. Al realizar la Conferencia climática más importante del mundo en este territorio, se visibiliza su relevancia ecológica, así como la necesidad de repensar la vinculación entre desarrollo, justicia y sostenibilidad.

En este contexto, el reciente dictamen de la Corte Internacional de Justicia, que afirma la existencia de obligaciones legales de los Estados para mitigar el cambio climático y proteger a las generaciones presentes y futuras, marca un hito en la lucha por la justicia climática. Aunque no es vinculante, refuerza los argumentos del Sur Global respecto a la exigencia de responsabilidades diferenciadas y del cumplimiento efectivo de los compromisos de financiamiento.

La COP30 no debe limitarse a ser un escenario de discursos bien intencionados. Su potencial transformador dependerá de la voluntad política de repensar el orden climático global y de abrir espacio a otras voces, narrativas y soluciones. En Belém, no solo se aborda la agenda ambiental, sino también el reconocimiento de la desigualdad estructural y la posibilidad de construir una justicia climática con perspectiva histórica y geopolítica.