Crecimiento y democracia: ¿una relación incompatible?

Aunque suele asumirse que las democracias son más prósperas, la experiencia internacional muestra un panorama mucho menos lineal. Algunos países con regímenes democráticos logran un crecimiento sostenido, mientras que otros enfrentan estancamientos crónicos. A la vez, ciertos regímenes no democráticos alcanzan altos niveles de desarrollo. Entender cuándo las democracias impulsan el bienestar requiere mirar de cerca cómo funcionan sus instituciones, qué tipo de crecimiento producen y qué condiciones sociales las acompañan. Este interrogante conduce directamente al debate clásico que atraviesa la literatura en ciencia política y economía del desarrollo.

Desde mediados del siglo XX, economistas y politólogos intentan responder una pregunta central: ¿la democracia genera crecimiento económico, o es el crecimiento el que abre camino a las instituciones democráticas? La discusión sigue vigente, puesto que no se trata solo de un problema teórico: define agendas de gobierno, condiciona inversiones y moldea expectativas ciudadanas. En un mundo donde democracias consolidadas enfrentan estancamiento y los regímenes autoritarios exhiben crecimiento acelerado, comprender esta relación es más urgente que nunca.

Democracia como motor del desarrollo económico

La idea de que la democracia fortalece la economía tiene sentido: los gobiernos elegidos democráticamente tienden a rendir cuentas, respetar la propiedad privada e invertir en salud y educación. Todo esto a la vez que garantizan libertades económicas. Estas conductas crean entornos propicios para la productividad y la inversión.

Un caso emblemático es el chileno. Tras el retorno de la democracia en 1990, el país sostuvo un crecimiento económico casi ininterrumpido durante casi tres décadas. El PIB per cápita, que rondaba los 2.500 dólares a comienzos de los años 90, superó los 17.000 dólares en 2023. Esta expansión (una de las más altas de América Latina) coincidió con un escenario de baja inflación, instituciones transparentes y una marcada reducción de la pobreza.

Chile ocupa un lugar ejemplar en esta discusión porque reúne tres elementos claves poco frecuentes en la región: continuidad de políticas macroeconómicas a pesar de los cambios de gobierno, fortalecimiento institucional progresivo y reducción sostenida de la pobreza con expansión de la clase media. Tras la transición democrática, el país no solo mantuvo las reformas económicas iniciadas en los años ochenta, sino que las combinó con una ampliación de las políticas sociales, reformas fiscales graduales y una institucionalidad orientada a la estabilidad, como la autonomía del Banco Central y reglas fiscales prudentes. Este equilibrio entre disciplina macroeconómica, apertura comercial y consolidación democrática convirtió a Chile en un caso de referencia recurrente en la literatura internacional.

El caso chileno refuerza la hipótesis de que la democracia puede favorecer el desarrollo cuando se combina con instituciones fuertes, reglas claras y políticas públicas coherentes en el largo plazo. No obstante, también muestra que el crecimiento democrático no es automático ni homogéneo: depende de la calidad institucional, la capacidad estatal y la orientación distributiva del modelo económico.

Crecimiento económico como base para la democracia

Desde otro punto de vista, no es la democracia la que produce crecimiento económico, sino al revés: cuando un país crece económicamente, surgen nuevas clases medias, se amplía la educación, y crece el acceso a la información. Este proceso, descrito por la teoría de la modernización, hace que las sociedades exijan más participación política y transparencia.

Muchos países hoy considerados democracias consolidadas siguieron ese camino. Corea del Sur, por ejemplo, vivió un largo período de autoritarismo durante el cual su economía se transformó drásticamente. Entre 1960 y 1990, su PIB per cápita pasó de menos de 200 dólares a más de 6.500 dólares. Solo luego de alcanzar ese despegue industrial y social, el país transitó hacia una democracia plena en 1987.

La apertura política vino después, cuando ya existía una clase media consolidada, niveles educativos altos y una estructura económica capaz de sostener instituciones estables.

Esto respalda la tesis de que el crecimiento económico puede funcionar como condición habilitante para la democracia, al modificar la estructura social, elevar las expectativas ciudadanas y fortalecer las capacidades estatales. No obstante, el caso coreano también pone en evidencia que el desarrollo por sí solo no garantiza una transición automática: el factor económico debe articularse con presiones sociales, liderazgo político y contextos internacionales favorables para un cambio de régimen.

Excepciones a la regla: autoritarismos que generan prosperidad

Pero si algo demuestra el siglo XXI, es que ninguna teoría explica todo el crecimiento. Este es el caso de los regímenes no democráticos que han tenido un éxito económico asombroso.

Basándonos en el índice elaborado por Freedom House, puede observarse que varios países con puntuaciones bajas en libertades políticas y civiles han registrado, sin embargo, niveles elevados de crecimiento económico sostenido, lo que refuerza la idea de que prosperidad y calidad democrática no siempre van de la mano.

El ejemplo por excelencia es China. Desde las reformas de 1978, China mantuvo un crecimiento anual cercano al 10% por décadas. Su PIB per cápita, que en 1990 apenas superaba los 300 dólares, hoy ronda los 13.000 dólares. Todo esto sin elecciones libres ni oposiciones institucionalizadas, en un contexto que Freedom House clasifica como "Not Free" (9/100). También es este el caso de Vietnam, el cual bajo un régimen de partido único pasó de tener un PIB per cápita menor a 100 dólares en 1990 a superar los 4.000 dólares actuales. Su industrialización acelerada, la atracción de inversiones y la estabilidad política (a pesar de la falta de pluralismo electoral) explican buena parte de este crecimiento, mientras que Freedom House también lo ubica en la categoría "Not Free" (20/100).

Por otro lado, los países del Golfo Pérsico constituyen otro grupo de excepciones. Con regímenes autoritarios, pero abundantes recursos energéticos y planificación estatal de largo plazo, lograron niveles altísimos de riqueza. Qatar logró un PIB per cápita cercano a 70.000 dólares en la última década y Emiratos Árabes Unidos alrededor de 50.000 dólares, aun cuando Freedom House los sitúa con bajos niveles de libertad política (25/100 y 18/100 respectivamente).

Conclusión

La relación entre democracia y desarrollo económico no es lineal ni responde a una fórmula universal; se trata de un fenómeno bidireccional, en el que ambos procesos se retroalimentan y reconfiguran mutuamente. En algunas sociedades, la apertura política genera las condiciones para un crecimiento sostenido; en otras, es el avance económico el que impulsa a la ciudadanía a demandar mayores libertades y participación. Incluso en los autoritarismos capaces de producir prosperidad, los logros materiales solo se sostienen mientras el Estado mantenga la capacidad de convertir crecimiento en legitimidad, ya sea mediante bienestar, eficiencia o estabilidad.

Así, la legitimidad emerge como el eje que articula la relación entre economía y política: un buen desempeño económico puede legitimar a un régimen autoritario o fortalecer a una democracia, pero su ausencia erosiona cualquier tipo de gobierno. En última instancia, lo que determina la perdurabilidad de ambos modelos no es solo cuánto crecen, sino cómo ese crecimiento es percibido, distribuido y convertido en aceptación social.