Democracia 50/50

En un país pionero en leyes de igualdad de género, como Argentina, las mujeres han logrado avances notables en espacios de toma de decisiones. Sin embargo, aunque el Congreso se acerca a la paridad, la presencia femenina en el Poder Ejecutivo y la Corte Suprema sigue siendo limitada. Este artículo analiza las cifras detrás de la Agenda 50/50 y explora las barreras, tanto culturales como institucionales, que las mujeres aún enfrentan. ¿Qué hace falta para cerrar la brecha y convertir a Argentina en un modelo de igualdad en la región?

INSTITUCIONES Y GOBIERNODESTACADOS

Paula Villalba

9/19/20244 min read

La paridad de género se ha convertido en un pilar fundamental de la agenda democrática contemporánea, promoviendo la igualdad de oportunidades y representación equitativa en todos los ámbitos de la sociedad. A raíz de ello, Argentina tuvo el privilegio de ser el primer país del mundo en incorporar el sistema de cuotas mediante la sanción de la Ley 24.012 en 1991, que establece un piso mínimo de 30% de candidatas mujeres en las listas de partidos políticos para cargos electivos nacionales. En este contexto, las instituciones políticas comienzan a avanzar en la incorporación de mujeres.

A pesar de los avances en la lucha por la igualdad de género, las mujeres siguen representando un número menor en los puestos de decisión en todo el mundo. La falta de diversidad de género no solo es un problema de justicia social, sino también un obstáculo para el progreso económico y político.

Aunque el panorama nacional ha ido mejorando en los últimos años gracias a las luchas por la igualdad de género, aún quedan desafíos por afrontar. Al igual que en otros países de América Latina, persisten desigualdades de género que limitan el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres y su autonomía en diferentes esferas de la sociedad.

Según el Índice de Paridad Política de 2021, elaborado por PNUD Argentina, ONU Mujeres Argentina, IDEA Internacional para América Latina y el Caribe, el Ministerio del Interior de la Nación y por el entonces Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad para un informe, se han obtenido resultados interesantes respecto al escenario de paridad política a nivel nacional. Es importante destacar que este Índice se compone de 8 órbitas de análisis:

  1. Compromisos nacionales con la igualdad en la Constitución y el marco legal,
  2. Ejercicio del derecho al sufragio,
  3. Cuota/paridad,
  4. Poder ejecutivo y administración pública,
  5. Poder legislativo,
  6. Poder judicial y electoral,
  7. Partidos políticos
  8. Gobierno local.

Entre los principales hallazgos, el Índice demostró que en la Administración Pública Nacional se apreciaba un bajo porcentaje de mujeres ministras en el Gabinete Nacional (14%). En 2023 dicha cifra aumentó al 20% (Mapa “Mujeres en la política”, ONU Mujeres). A nivel mundial, el porcentaje posiciona a Argentina en el puesto 82º, compartido con la República Democrática del Congo, y en el puesto 26 de 39 países en América Latina y el Caribe (Observatorio de Igualdad de Género, CEPAL).

Por su parte, la representación femenina para 2021 en la Corte Suprema de Justicia era de solo el 20%. Ello implica que de los 5 magistrados que integran el máximo órgano judicial nacional solo 1 era mujer. Dicha cuestión se vio agravada luego de que la ministra Elena Highton de Nolasco presentara su renuncia formal en 2023 y que las candidaturas presentadas para suplir dicho cargo fueran integradas totalmente por hombres.

En el ámbito del poder legislativo el panorama es más alentador, donde se evidenció que es el órgano que más se acercó a la paridad, con un 42% de mujeres en ambas Cámaras. Este número pone en relieve que el Congreso de la Nación posee una de las tasas más altas de representación femenina en el mundo y en la región (Detrás del número, Equipo Latinoamericano de Justicia y Género).

"En el ámbito del poder legislativo el panorama es más alentador, donde se evidenció que es el órgano que más se acercó a la paridad, con un 42% de mujeres en ambas Cámaras."

En un gráfico realizado por la Unión Interparlamentaria (IPU) en 2024 se plasma la proporción de mujeres que ocupan puestos en el parlamento nacional, entrando en la comparativa 33 países de América Latina, el Caribe y la Península Ibérica y en donde Argentina ha sido posicionada 7º, siendo superada por Ecuador, Bolivia, Costa Rica, México, Nicaragua y Cuba y estando por encima del promedio de 35.8% participación en la región.

A medida que reflexionamos sobre los números de paridad de género en Argentina, es evidente que, aunque se han logrado avances significativos en la representación femenina en diversos ámbitos, aún queda un largo camino por recorrer.

En un informe sobre la participación de las mujeres en la toma de decisiones en la región se ha evidenciado que entre las estructuras institucionales, sociales y culturales que persisten y restringen el acceso de las mujeres al ejercicio del poder se encuentran:

  • La división sexual del trabajo y la organización social del cuidado, que asignan a las mujeres el rol de principales responsables del trabajo de cuidados y contribuyen a promover la concentración del poder y las relaciones jerárquicas de género.

  • La violencia contra las mujeres por razón de género en la vida pública y política, que sigue estando muy presente en los países de la región y se expresa en forma de violencia hacia las mujeres líderes, periodistas y defensoras de derechos humanos, entre otras.

  • La cultura política y estrategias de los partidos políticos que todavía incorporan sólo minoritariamente la paridad como un principio rector.

  • La limitada información sobre la diversidad de las personas que son electas o designadas para cargos de toma de decisiones, que no permite realizar análisis interseccionales que visibilicen las barreras adicionales a las que se enfrentan los distintos grupos de mujeres que cuentan con menos recursos, redes y tiempo disponible.

En un contexto aún alejado de la Agenda 50/50, Argentina tiene la oportunidad de convertirse en un modelo de igualdad de género en la región. Sin embargo, para lograrlo, es necesario que todos los actores involucrados, desde el gobierno hasta la sociedad civil, trabajen juntos para derribar las barreras que aún persisten en la toma de decisiones.