El Salvador y el dilema de la seguridad

Antes de Bukele: violencia, control territorial y fracaso institucional

Durante décadas, El Salvador fue uno de los países más violentos del mundo. Las pandillas como la MS-13 y Barrio 18 llegaron a tener control territorial efectivo sobre comunidades enteras. Extorsionaban a comerciantes, disputaban barrios violentamente y reclutaban jóvenes en contextos de marginalidad. Frente a este fenómeno, las instituciones estatales, debilitadas por la corrupción y la falta de recursos, no lograban responder de manera eficaz. A pesar de los intentos de gobiernos anteriores para diseñar e implementar planes de seguridad, los niveles de homicidios y criminalidad se mantuvieron altos, lo que generó una sensación de abandono entre la ciudadanía.

La combinación de impunidad estructural, pobreza y exclusión social fue caldo de cultivo para que el crimen organizado se arraigara profundamente en la vida cotidiana. Las políticas de “mano dura” ensayadas desde principios de los 2000 no sólo no resolvieron el problema, sino que provocaron un endurecimiento de las pandillas, que se organizaron con mayor sofisticación.

En ese contexto, el ascenso de Nayib Bukele a la presidencia en 2019 supuso una ruptura con los enfoques tradicionales. Con un discurso directo y confrontativo, prometió devolver el control del país al Estado y erradicar a las pandillas prácticamente por completo. Su estrategia de seguridad no tardó en ganar apoyo popular, especialmente entre quienes sentían que las instituciones democráticas habían fracasado en su misión de garantizar el derecho más básico: la vida.

El régimen de excepción

Desde marzo de 2022, El Salvador se encuentra bajo un régimen de excepción que ha sido renovado mes a mes por la Asamblea Legislativa. Esta medida permite a las autoridades detener a personas sin orden judicial, limitar el derecho a la defensa y restringir la libertad de asociación y de expresión. Según datos del propio gobierno, más de 78.000 personas han sido detenidas bajo este régimen hasta mayo de 2025.

Diversas organizaciones internacionales, como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, han denunciado que muchas de estas detenciones son arbitrarias, afectando especialmente a jóvenes de zonas marginales. La falta de mecanismos efectivos para revisar los casos ha llevado a que personas inocentes permanezcan encarceladas por meses o incluso a que se reporten muertes bajo custodia. A pesar de estas críticas, el gobierno insiste en que se trata de una medida temporal necesaria para desarticular a las pandillas.

CECOT: la mega cárcel símbolo de la política de seguridad

El Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), inaugurado en enero de 2023, está ubicado en una zona rural del municipio de Tecoluca. Es considerado una de las prisiones más grandes de América Latina y fue diseñado para albergar hasta 40.000 reclusos. Las imágenes oficiales muestran una infraestructura moderna con estrictos sistemas de vigilancia, pero también celdas superpobladas, reclusos sin camisetas ni zapatos, y condiciones que han sido calificadas como “inhumanas” por observadores internacionales.

El gobierno ha promovido el CECOT como un éxito en la lucha contra el crimen, presentándolo como una advertencia para quienes cometan delitos. Sin embargo, no existen datos claros sobre la cantidad de condenas judiciales frente al total de detenidos, lo que genera preocupación sobre la falta de garantías procesales. Expertos han advertido que la prisión se ha convertido en un instrumento de disuasión masiva que desborda los límites del Estado de derecho.

Deportaciones y detenciones

En 2025, Estados Unidos intensificó las deportaciones de personas a El Salvador, incluyendo ciudadanos venezolanos que habían ingresado legalmente a territorio estadounidense. Algunos de estos deportados fueron enviados directamente al CECOT, sin un proceso judicial que determinara su responsabilidad penal. Según informes de prensa, las detenciones se basaron en criterios como tatuajes, publicaciones en redes sociales o simples denuncias anónimas.

Este tipo de procedimientos ha sido criticado por expertos legales como una violación del principio de presunción de inocencia y del derecho al debido proceso. A nivel internacional, estas prácticas recuerdan a las aplicadas en la prisión de Guantánamo, donde personas sospechosas de terrorismo fueron detenidas sin cargos ni juicio. La reactivación de leyes antiguas como la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 en EE.UU. ha encendido las alarmas entre juristas y defensores de derechos humanos.

Comparaciones con Guantánamo: ¿una advertencia válida?

La comparación entre el CECOT y Guantánamo no se limita a las condiciones carcelarias, sino también a la lógica política que las sustenta: la creencia de que ciertos enemigos del Estado no merecen las mismas garantías que los demás ciudadanos. En ambos casos, las detenciones masivas y sin juicio se justifican por una supuesta amenaza existencial al orden interno.

Varios analistas han señalado que, si bien El Salvador no enfrenta un conflicto armado ni una guerra contra el terrorismo, el gobierno ha adoptado un discurso bélico que facilita la concentración de poder y la excepcionalidad permanente. Esto ha sido señalado como un posible precedente peligroso para otros gobiernos de la región que busquen replicar el "modelo Bukele”.

Reacciones internacionales y preocupaciones democráticas

Organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Naciones Unidas y diversas ONGs han emitido comunicados y reportes en los que alertan sobre el deterioro del Estado de derecho en El Salvador. La aprobación de leyes que restringen la libertad de prensa, la transparencia institucional y la actividad de organizaciones civiles ha sido interpretada como una estrategia de cierre del espacio cívico.

Asimismo, se ha denunciado el uso de inteligencia artificial para monitorear conversaciones privadas, así como el uso excesivo de la fuerza en redadas y operativos policiales. La comunidad internacional se enfrenta al dilema de cómo reaccionar ante un régimen que muestra éxitos estadísticos en reducción del crimen, pero que lo hace a costa de principios fundamentales del orden jurídico internacional.

El caso salvadoreño representa uno de los ejemplos más extremos de la tensión entre seguridad y derechos humanos en el siglo XXI. Mientras sectores de la población celebran la reducción de homicidios y la recuperación del control territorial, otros alertan sobre la consolidación de un modelo autoritario que podría replicarse en otros países. Lejos de ser un fenómeno local, la experiencia salvadoreña debe ser analizada en su complejidad y con mirada crítica: ¿estamos ante un nuevo paradigma de gobernabilidad autoritaria en América Latina?