¿Está listo el sistema penitenciario para el régimen penal juvenil?

La reforma del Régimen Penal Juvenil reactivó el debate público. Sin embargo, también dejó en evidencia un aspecto que permanece relativamente ausente en la agenda política: el funcionamiento del sistema penitenciario. Mientras que el debate se centró en quienes deben ingresar a este, se evitó plantear con fundamentos qué es lo que ocurre una vez que alguien ha ingresado al mismo.

Algunos estudios establecen que el 41% de las personas privadas de su libertad reinciden en actividades delictivas. Esto nos muestra que una parte del sistema penitenciario enfrenta dificultades para disminuir la criminalidad en poblaciones que han cumplido una condena.

Esta alta tasa de reincidencia no solo tiene implicancias en términos de seguridad pública, sino que también incide en el funcionamiento institucional del Estado. Cada nuevo delito implica nuevos procesos judiciales, mayores intervenciones policiales y nuevos períodos de encarcelamiento y cumplimiento de condenas. Este ciclo genera una presión sostenida sobre el sistema judicial y la administración penitenciaria, además de implicar costos económicos significativos para el Estado y la sociedad.

Frente a este escenario, resulta fundamental pensar soluciones alternativas en materia de política pública carcelaria. Una de ellas es la de la Fundación Espartanos de Buenos Aires, que se replica en numerosas provincias. A través de la práctica del rugby y el acompañamiento en talleres de formación, han logrado reducir en niveles significativos la reincidencia entre quienes participan de su programa. Otras experiencias similares, como la desarrollada por la Fundación Acción Interna en Colombia, buscan fortalecer la formación y la inserción socio-laboral de los privados de su libertad como herramientas para reducir la posibilidad de volver a cometer un delito.

Repensar el sistema penitenciario no implica debilitar el cumplimiento de la condena, sino analizar cómo esta se ejecuta. La privación de la libertad constituye una sanción establecida por el sistema judicial, pero su desarrollo también debería orientarse a reducir la reincidencia. Incorporar programas de formación, trabajo y acompañamiento no solo genera mejores condiciones de reinserción social, también contribuye a disminuir los costos que este ciclo genera para el Estado.

Si existen programas capaces de reducir la reincidencia y los costos económicos del sistema penitenciario, la pregunta resulta inevitable: ¿estamos dispuestos a invertir en ellos? Y, a su vez, ¿por qué no lo estamos haciendo?