¿Estamos votando menos?

El nivel de participación en las elecciones argentinas de este año encendió las alarmas de múltiples analistas. Sin embargo, ¿efectivamente se votó menos que en elecciones anteriores? ¿Esto está sucediendo solo en Argentina o se condice con un fenómeno regional? ¿Cómo varían a lo largo de América Latina los niveles de participación electoral? ¿Existe relación entre las multas por omisión del voto y el nivel de participación?

El 26 de octubre del 2025 la ciudadanía argentina fue a las urnas: sin embargo, estuvo lejos de poseer una asistencia perfecta. La Dirección Nacional Electoral revela que, frente a un promedio histórico de un 79% de participación electoral, en las últimas elecciones tan solo 68,85% del padrón electoral cumplió con su deber ciudadano. Esta baja de más de diez puntos porcentuales en la participación forma parte de un descenso generalizado que sucede en el país desde la vuelta de la democracia, escalonado pero profundizado en el último escrutinio electoral. Es un dato relevante, principalmente porque evidencia un riesgo actual para la democracia: el distanciamiento de la sociedad civil de la esfera política.

Mientras la política se aleja de la sociedad civil, la sociedad civil deja de participar políticamente. Este fenómeno, que no sucede únicamente en la Argentina, enciende alarmas porque implica la renuncia ciudadana del principio fundamental de su sistema político. Vivir en democracia implica ceder a otra persona la facultad de tomar decisiones, es decir, votar a personas para que representen a la ciudadanía y tomen decisiones por ella. Pero, ¿qué pasa cuando son cada vez menos quienes ceden esa facultad? En Argentina el voto es universal, secreto y obligatorio: tenemos el derecho a votar, pero también la obligación de hacerlo. En el caso de omitir el voto, les habitantes de la Argentina tienen una penalización de la “inhibición para realizar trámites durante el período de un año en organismos nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” a no ser que el infractor pague una multa de entre $50 a $500, el equivalente a 0,035 hasta 0,35 dólares estadounidenses (US$) al día de hoy, un valor simbólico frente a una infracción poco insignificante.

Frente a sus pares en la región, la obligatoriedad del voto es la norma en América del Sur: Uruguay, Brasil, Bolivia, Perú y Chile, cuentan con un sistema de voto obligatorio. No obstante, tienen peculiaridades que los distinguen entre sí.

De este cuadro se puede realizar una jerarquización de países con mayores multas a países con menores multas, ranking que sería encabezado por Bolivia, con una multa de casi ochenta dólares estadounidenses frente a la omisión del voto. Además, la sanción no se limita a una multa económica sino también a la imposición de restricciones administrativas. En segundo lugar se encontraría Chile, país que incluyó la obligatoriedad del voto en el 2022 e incluyó un sistema de multas en el presente año. Dicha multa ronda entre los treinta y siete a más de cien dólares estadounidenses, valor definido ex-post por un Juzgado de Policía Local correspondiente. En tercer lugar se encontraría Uruguay, con una multa de cuarenta y cuatro dólares estadounidenses, valor que se multiplicaría en caso de que el infractor fuera funcionario público o profesional con título universitario. En cuarto lugar se encuentra Paraguay, con una multa de catorce dólares, sin embargo, dicha sanción no posee obligación de pago por lo que la omisión de pago no implica ni retención de trámites ni prohibiciones automáticas. En anteúltimo lugar de este ranking se encuentra Brasil, con una multa frente a la omisión de voto de 0,66 dólares estadounidenses, valor que depende del salario mínimo nacional vigente al momento de la elección, ya que el reglamento del Tribunal Superior Electoral fija un porcentaje. En el último lugar se encuentra Argentina, con una multa de entre 0,035 a 0,35 dólares estadounidenses, donde el monto es definido por la cantidad de infracciones acumuladas: a más infracciones, mayor es la multa.

Ahora bien, ¿el valor de la multa tiene algún poder disuasivo? ¿Es posible afirmar que a mayor multa mayor compromiso y participación electoral? Respondido rápidamente: no. El país con una mayor multa tiene una participación electoral histórica del 84,04% y una participación electoral del 86,95% en sus últimas elecciones. De todas maneras, el país que ocupa el anteúltimo lugar en el ranking tiene una participación electoral histórica del 79,46% y dicha participación se mantiene casi estática en sus últimas elecciones. Por lo tanto, es posible afirmar que no existe una relación directa entre el valor de la multa y la participación electoral.

Más aún, se puede concluir que Argentina destaca por dos motivos: el primero sería la multa más baja por omisión del voto en la región, pero el segundo y más alarmante es la baja más marcada en participación electoral en el Cono Sur.

¿Por qué los argentinos optan por no ir a las urnas? Esta es una pregunta que sigue presente, sin embargo, es posible afirmar que la participación no se relaciona con las sanciones económicas. El análisis anterior evidencia que la participación electoral es un fenómeno independiente de las penalizaciones a las que puede ser sujeto un ciudadano que opta por no participar de los comicios electorales.

La ciudadanía argentina está votando menos, y es un dato a tener en cuenta, resta ver cómo el sistema político absorbe la realidad argentina y se adapta a este escenario de alta apatía política. ¿Cómo se puede incentivar que aumente la participación electoral? ¿Cuál es la solución frente al absentismo electoral? La política argentina debe poner el foco en esta cuestión vital para el correcto funcionamiento de la democracia.