Gobiernos inteligentes: cómo la inteligencia artificial está transformando la gestión pública en Argentina

La inteligencia artificial irrumpió en la administración pública argentina y comenzó a modificar la forma en que el Estado procesa información, analiza patrones y toma decisiones. Este proceso de incorporación de IA genera oportunidades significativas, pero también desafíos vinculados a la transparencia, los sesgos algorítmicos y la protección de los derechos ciudadanos. El debate actual se centra en cómo aprovechar estas herramientas sin comprometer principios esenciales de gobernanza democrática.

IA-Gov en servicios

La incorporación de IA en los servicios estatales argentinos transformó la eficiencia operativa y la forma en que la ciudadanía interactúa con el Estado. Los asistentes digitales procesan millones de consultas y gestionan trámites cotidianos, ocupando un lugar central en la experiencia ciudadana.

El caso más ilustrativo es Boti, el asistente conversacional de la Ciudad de Buenos Aires. Desde 2019 acumuló más de 153 millones de conversaciones, permite realizar trámites desde WhatsApp y concentra más de 600 contenidos que se actualizan a diario. En 2024 incorporó IA generativa, lo que mejoró la precisión de las respuestas y habilitó recomendaciones personalizadas. Su uso masivo implica el tratamiento de datos personales, y organizaciones especializadas han señalado la necesidad de reforzar las garantías de seguridad asociadas a esa información.

A nivel nacional, Tina y Mia impulsan la digitalización estatal. Tina ya articula 72 organismos, integra 600 trámites y gestiona 1,5 millones de conversaciones mensuales. Mia representa un salto cualitativo al incorporar IA generativa, que mejora la calidad de las interacciones. Además, asiste a los usuarios de Mi Argentina, plataforma que reúne a más de 26 millones de personas.

IA en políticas sensibles

La IA también interviene en procesos estatales que requieren análisis masivos y decisiones consistentes. Prometea, usada en la justicia porteña, acelera la elaboración de dictámenes al analizar más de 300.000 documentos y generar propuestas en 20 segundos. Su impacto es notable: la producción de 1.000 dictámenes pasó de 174 a 45 días, y en causas laborales los tiempos se redujeron de 83 días a 5. Aunque requiere control humano, disminuye la carga burocrática y libera recursos para casos complejos.

En educación, el Sistema de Alerta Temprana (SAT) de Mendoza identifica estudiantes con riesgos de abandonar la escuela. En 2024 analizó datos de 140.329 alumnos, alcanzando una cobertura del 96 % de la matrícula. Detectó a 5.817 estudiantes en riesgo alto y permitió intervenciones específicas. El año anterior generó 7.000 alertas y evitó la deserción en 4.000 casos, lo que demuestra un uso intensivo en políticas públicas sensibles.

Tensiones y riesgos en la adopción estatal

El uso de IA en el Estado argentino presenta desafíos relevantes. El principal riesgo es la reproducción de sesgos en el análisis de datos, lo que puede generar decisiones discriminatorias o inequitativas. La literatura muestra que estos sesgos pueden originarse en distintas etapas del diseño algorítmico: desde la selección de datos hasta la definición de variables.

Otro punto crítico es la necesidad de garantizar sistemas auditables y explicables. En áreas sensibles resulta imprescindible comprender cómo se producen las predicciones y qué mecanismos existen para corregir errores. La complejidad técnica de estos modelos genera procesos opacos que dificultan la rendición de cuentas. A esto se suma la baja calidad de muchos registros públicos, con bases incompletas o fragmentadas, que reduce la precisión e incrementa el riesgo de fallas.

El resguardo de los datos personales exige salvaguardas adicionales. En ámbitos como protección social o niñez, las decisiones automatizadas requieren controles estrictos para evitar usos desproporcionados o violaciones de privacidad. En Argentina, diversas filtraciones de bases públicas muestran que estos riesgos no son hipotéticos y que cualquier falla puede exponer información sensible.

La falta de coordinación entre organismos dificulta la integración de soluciones escalables. Los países que progresaron con mayor éxito lo hicieron sobre instituciones sólidas, marcos regulatorios claros e infraestructura digital articulada bajo una visión integral. Sin embargo, en Argentina persiste una fuerte discontinuidad institucional: muchos proyectos funcionan como pruebas piloto y carecen de políticas sostenidas que aseguren su continuidad y evaluación en el tiempo.

Hacia una adopción responsable de la IA

La IA puede transformar la gestión pública y mejorar la calidad de los servicios estatales. Sus avances actuales muestran un potencial significativo, pero también requieren marcos de gobernanza que garanticen un uso responsable y alineado con principios públicos.

Una adopción adecuada exige sistemas transparentes, modelos explicables y controles permanentes sobre los procesos automatizados. Asimismo, demanda mecanismos de protección de datos personales, evaluaciones de impacto y criterios claros para supervisar decisiones asistidas por algoritmos.

El desafío para Argentina consiste en consolidar herramientas que fortalezcan la eficiencia estatal sin comprometer la privacidad, la equidad ni los derechos ciudadanos. Una IA orientada al interés público puede mejorar la gestión, aumentar la confianza social y contribuir a políticas más informadas. Este enfoque permitirá desarrollar una administración innovadora, segura y centrada en el bienestar colectivo.