Innovación en Infraestructura: un Modelo Público-Privado para Potenciar el Desarrollo de la Provincia de Buenos Aires

Un nuevo modelo para financiar la obra pública: la triple "P"

La deuda que el Estado Nacional mantiene con la Provincia de Buenos Aires en temas de infraestructura y programas de apoyo asciende a unos 6,3 billones de pesos. Este monto se distribuye en varios componentes principales. En primer lugar, las obligaciones financieras directas representan una deuda de 1,7 billones de pesos, que incluyen las transferencias de ANSES a la caja provincial, por un total de 716 mil millones de pesos, y otros fondos destinados al fortalecimiento y asistencia financiera de la provincia.

Además, el rubro de obras públicas comprometidas acumula una deuda de 4,4 billones de pesos. Dentro de este rubro, se destacan 180 obras públicas ejecutadas por la Nación en la provincia que quedaron inconclusas y representan una deuda de 2,3 billones de pesos. A esto se suman los convenios firmados con municipios y universidades, que acumulan más de 653 mil millones de pesos, y el Programa Procrear, junto a otros programas de vivienda, que adeudan aproximadamente 1,2 billones de pesos en total.

Estos montos reflejan la gravedad de una deuda que limita el desarrollo de infraestructura y la provisión de servicios en una de las provincias más productivas y pobladas del país.

Es por esta razón es que se vuelve fundamental encontrar nuevas formas de financiar proyectos de infraestructura en la Provincia de Buenos Aires. El modelo "a la chilena" que propone Javier Milei podría ofrecer una solución parcial a la problemática de deuda en infraestructura que enfrenta la Provincia de Buenos Aires, pero existen consideraciones importantes.

Este modelo, que se basa en una Participación Público-Privada (PPP), permite que el Estado delegue a empresas privadas la construcción de infraestructuras clave a cambio de una concesión para explotar económicamente esas obras. En Chile, por ejemplo, esta modalidad permitió desarrollar autopistas, aeropuertos y hasta cárceles, liberando al Estado de asumir directamente los costos de construcción.

Ventajas para Buenos Aires

La adopción de un modelo “PPP” podría aliviar a la Provincia del peso de la deuda que el Gobierno Nacional mantiene con ella en temas de infraestructura. Con el apoyo de inversiones privadas, proyectos de gran envergadura, como la finalización de obras públicas paralizadas, podrían reactivarse sin que el Estado provincial necesite financiar directamente su construcción. Esto permitiría priorizar el gasto provincial en otras áreas críticas y acelerar el progreso de las obras en una región de alta necesidad de infraestructura.

Riesgos y Limitaciones

A pesar de los beneficios, la experiencia chilena señala varios desafíos. La discrecionalidad en la selección de proyectos es una preocupación, ya que el modelo favorece obras que resulten rentables para el sector privado, como autopistas con peajes, dejando de lado proyectos sociales o de alta necesidad pero baja rentabilidad, como escuelas y hospitales en áreas menos urbanizadas. Esto podría resultar en una menor cobertura de obras en zonas desfavorecidas, afectando directamente la equidad en el desarrollo regional.

Además, la experiencia chilena ha mostrado un incremento en el costo de uso de estas infraestructuras para los ciudadanos, ya que las empresas pueden ajustar las tarifas para recuperar su inversión y obtener ganancias. En un contexto como el de Buenos Aires, con alta vulnerabilidad social, esto podría llevar a una mayor carga económica para sus residentes.

¿Solución?

Para evitar la discrecionalidad en la selección de proyectos, el Estado podría priorizar obras de alta necesidad pública y exigir que el sector privado complete un porcentaje de proyectos sociales en áreas vulnerables. También sería útil establecer límites de tarifas para evitar costos excesivos, regulando la rentabilidad y aplicando subsidios cruzados para que obras más rentables, como autopistas, financien otras de impacto social.

El Estado debe mantener un rol de control en la ejecución y el mantenimiento de los proyectos mediante una unidad de monitoreo de PPP que supervise el cumplimiento y permita renegociar términos desfavorables. Además, incluir cláusulas de revisión en los contratos protegería a los usuarios de aumentos excesivos y asegurarían rentabilidad justa para los inversores. En conjunto, estas medidas permitirían un modelo de infraestructura más equitativo y accesible para la Provincia de Buenos Aires.