La evaluación de políticas públicas como un medio: de la técnica a la política
La evaluación de políticas públicas en Argentina no fracasa por falta de herramientas técnicas, sino porque es, ante todo, una disputa política. No se trata solo de medir impacto, sino de definir qué se evalúa, con qué criterios y bajo qué intereses. La alternancia política y la influencia de actores externos—desde organismos internacionales hasta el sector privado—hacen de la evaluación un campo de batalla donde los consensos son frágiles y los enfoques cambian con cada gobierno. Institucionalizarla requiere más que buenos diagnósticos: implica instalar el tema en la agenda pública, articular intereses y generar acuerdos sostenibles.
En los últimos meses conversamos sobre qué es, cómo y por qué evaluar políticas públicas. Ahora bien, en el presente escrito intentaré profundizar en una temática poco abordada del rubro: la dimensión política de la evaluación.
Luego de leer las notas previas podemos pensar, ¿cómo una cuestión tan técnica no puede funcionar en la Argentina? ¿por qué tantos intentos fracasados de instalar esta temática elemental de la gestión pública? ¿cómo una cuestión tan simple como visualizar y estudiar datos puede ser tan disputada? La respuesta es compleja: no es ni tan técnica ni tan elemental ni tan simple. Aquellas potenciales contestaciones alegan a una mirada ingenua e inocente de la evaluación de políticas públicas (Modernel, 2021).
Nos cansamos de decir que la evaluación de las políticas públicas es un medio para un fin (mejorarlas, crearlas o eliminarlas). No obstante, nunca dijimos que la evaluación, como decisión, es el resultado del flujo de intereses de diferentes grupos en el campo público. Es la llamada “voluntad política” que está plagada de actores que no son sólo de la gestión pública (organismos internacionales, empresas, sociedad civil, administración pública, dirigencia política, academia, etc.). ¿O creemos que ante alguna política pública que afecte, positiva o negativamente, a diversos actores sociales no tendrá respuestas o intentos de influencia en su diseño, implementación o evaluación?
Así, el Estado aparece como un actor más en el proceso social desarrollado en torno a una cuestión. Aunque, las tomas de posición del Estado suelen ser particularmente importantes no sólo por su posibilidad objetiva de producir importantes consecuencias sino también porque así suelen considerarlo otros actores sociales (O´Donnell y Oszlak, 1979). Tomando esto en cuenta, existe una gran complejidad a la hora de proponer y llevar a cabo una política (nacional, provincial o municipal) de evaluación, debido a las potenciales afecciones de está sobre los demás actores de la sociedad. Sin embargo, hay más cuestiones a tener en cuenta: en democracia, existe la alternancia.
Sobre esto, una cuestión: la evaluación no es simplemente técnica sino que requiere especificar criterios y valores para su puesta en ejecución (qué evaluamos, cómo la interpretamos, etc.). Los criterios y valores son instalados por actores y estos usualmente tienen sus propios intereses. Por eso, la alternancia en la evaluación puede ser positiva (si es que logramos acuerdos sostenibles) o negativa (debido al péndulo constante de criterios, tan acostumbrados en la Argentina).
En la coyuntura actual, un ejemplo claro. En la conversación de “El Despacho” entre Federico Sturzzeneger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, y el “Gordo Dan”, el primero aclaró los términos de evaluación del gobierno actual: “con Macri, la idea era hacer que el Estado funcionara bien, mientras que, con Milei, la pregunta es si el Estado debe intervenir o no”. Como vemos, la evaluación de las políticas públicas no es casual ni técnica, es profundamente política (y ética). Así, todo aquel que desee promover la evaluación de las políticas públicas no puede hacerlo sin comulgar ni dominar la dimensión técnica y política.
De esta manera, para institucionalizar la evaluación de políticas públicas en Argentina no se precisa solamente tener un gran discurso sino más bien, volcarlo en la agenda pública, disputarlo en el terreno político y, desde mi perspectiva, generar los consensos necesarios para tener en nuestro país puntos mínimos de acuerdo sobre evaluar nuestras políticas públicas.