La ONU frente a su crisis de legitimidad: ¿reforma o disolución?

En un contexto internacional marcado por la proliferación de conflictos regionales, la competencia entre grandes potencias y el debilitamiento de las normas multilaterales, la ONU atraviesa una de sus crisis institucionales más profundas desde el final de la Guerra Fría. Este ha sido el resultado de su debilitamiento en su capacidad para actuar como foro efectivo de mediación colectiva se encuentra disminuida. En este escenario, se pone en cuestión su autoridad política como principal plataforma internacional para la gestión cooperativa de la paz y la seguridad. Frente a estas tensiones estructurales, el debate sobre la necesidad de modernizar el funcionamiento de la organización adquiere especial urgencia.

UN80

En marzo de 2025, el Secretario General António Guterres presentó la iniciativa UN80. Se trata de un programa de reformas institucionales concebido para adaptar el sistema de Naciones Unidas a los desafíos políticos y humanitarios del siglo XXI. La propuesta busca construir una organización más ágil, integrada y capaz de responder de manera coordinada a crisis globales cada vez más complejas.

La iniciativa UN80 propone fortalecer la eficiencia administrativa mediante la consolidación de estructuras de liderazgo, la simplificación de procesos burocráticos y una mayor integración entre las distintas agencias del sistema. Entre las medidas consideradas se incluyen la reorganización de los equipos nacionales de la ONU, la creación de plataformas administrativas compartidas y la relocalización de funciones hacia sedes operativas con menores costos estructurales. Asimismo, la iniciativa contempla reforzar la arquitectura humanitaria del sistema mediante mecanismos de coordinación más simples y el desarrollo de plataformas de conocimiento que permitan aprovechar mejor la experiencia acumulada dentro del sistema.

Una parte central de estas reformas se orienta a racionalizar el funcionamiento administrativo de la ONU con el objetivo de optimizar el uso de recursos financieros limitados. El rediseño institucional incluye estructuras de liderazgo más compactas, un apoyo consolidado a las iniciativas de construcción de paz y operaciones de mantenimiento de la paz más interconectadas dentro del sistema. De igual modo, se prevé una mayor alineación de los esfuerzos del sistema en materia de derechos humanos mediante la creación de mecanismos institucionales que permitan coordinar mejor las acciones existentes.

El énfasis en la eficiencia administrativa responde en gran medida al desafío presupuestario que enfrenta actualmente la organización y que amenaza con limitar su capacidad operativa en múltiples áreas de acción. La crisis financiera se ha profundizado en los últimos años debido a retrasos en el pago de contribuciones obligatorias, reducciones presupuestarias y el creciente endeudamiento acumulado por varios Estados miembros. En particular, la negativa de algunos países a aportar la totalidad de sus contribuciones ha generado tensiones presupuestarias que afectan directamente el funcionamiento cotidiano del sistema.

Resolver la cuestión financiera se ha convertido en una condición indispensable para asegurar la continuidad institucional de la ONU y la sostenibilidad de sus operaciones humanitarias y de desarrollo. Por esta razón, buena parte del debate actual sobre el futuro de la organización se concentra en identificar mecanismos que permitan reforzar la base financiera del sistema multilateral. Sin embargo, el propósito central de este artículo no es analizar en profundidad la arquitectura financiera de la organización, sino examinar los desafíos políticos estructurales que condicionan hoy su capacidad de acción.

Las reformas administrativas pueden mejorar la eficiencia institucional, pero difícilmente resolverán por sí solas las tensiones estructurales que limitan la capacidad de acción colectiva dentro del sistema. En este sentido, el debate sobre el futuro de la ONU exige abordar también las dinámicas de poder que condicionan el funcionamiento de sus órganos principales.

El Consejo de Seguridad

Uno de los síntomas más visibles de estas dinámicas es el creciente bloqueo del Consejo de Seguridad, donde el uso reiterado del veto ha dificultado la adopción de respuestas coordinadas frente a crisis internacionales. Las rivalidades estratégicas entre Estados Unidos, Rusia y China han paralizado numerosas iniciativas, debilitando la capacidad del Consejo para cumplir su función central de preservar la paz internacional. Como consecuencia, muchos conflictos recientes han sido abordados mediante mecanismos bilaterales o regionales que han desplazado parcialmente a la ONU de los espacios donde históricamente ejercía liderazgo político. Las divisiones estratégicas entre los cinco permanentes han producido un patrón recurrente de vetos cruzados que bloquea la adopción de resoluciones incluso frente a crisis humanitarias de gran magnitud. Este bloqueo institucional ha debilitado la credibilidad del Consejo de Seguridad como instrumento efectivo para la prevención de conflictos y la gestión de crisis internacionales.

El Consejo de Seguridad continúa reflejando además una correlación de poder heredada de 1945 que ya no corresponde con la distribución actual de influencia económica y demográfica en el sistema internacional. Las demandas de reforma destinadas a ampliar la representación de economías emergentes y del llamado Sur Global han encontrado reiteradamente resistencia por parte de las potencias que detentan privilegios institucionales. Dado el contexto, cabría considerar una ampliación de la composición del Consejo de Seguridad para incorporar nuevos miembros permanentes, incluyendo a varias de las principales economías representadas actualmente en el G20, y revisar las reglas de votación para limitar el uso del veto que hoy paraliza su funcionamiento.

El rol del Secretario General

A estas limitaciones se suma la progresiva pérdida de peso político de la Secretaría General en la conducción de iniciativas diplomáticas y en la coordinación de la acción humanitaria internacional. En lugar de consolidarse como centro operativo del sistema, la Secretaría ha adoptado en los últimos años una postura cautelosa que privilegia la deferencia hacia los Estados miembros. Esta dinámica ha contribuido a generar una percepción de inmovilismo institucional que limita la capacidad de la organización para responder con rapidez a crisis complejas. Fortalecer el papel político del Secretario General constituye por lo tanto una dimensión esencial de cualquier estrategia orientada a revitalizar la relevancia del sistema multilateral contemporáneo. Dotar a esta figura de mayores capacidades de iniciativa permitiría reforzar la capacidad de la organización para intervenir en etapas tempranas de las crisis antes de que escalen hacia conflictos abiertos. Un liderazgo más activo también podría contribuir a restaurar la autoridad moral de la ONU en un momento caracterizado por la fragmentación del orden internacional.

¿Qué ONU queremos?

La crisis actual de la organización no es únicamente administrativa ni financiera, sino también política. Sin una revisión del funcionamiento del Consejo de Seguridad y sin un fortalecimiento real de las capacidades de iniciativa del Secretario General, las reformas administrativas difícilmente podrán restaurar la eficacia del sistema. La adaptación de la ONU a las realidades del siglo XXI exige abordar directamente estas limitaciones estructurales. De esta manera, la relevancia futura de la organización dependerá de su capacidad para reformar sus principales órganos de decisión y recuperar un papel más activo en la gestión colectiva de las crisis internacionales.