La proyección internacional de Argentina en materia de Derechos Humanos

La postura Argentina ha sido predominantemente favorable al reconocimiento de mecanismos internacionales de protección de derechos humanos (DDHH). En ese sentido, es uno de los únicos países que han ratificado los 18 tratados e instrumentos monitoreados por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Asimismo, es parte de diversos tratados y protocolos pertenecientes al sistema interamericano y ha aceptado la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de DDHH. En adición, desde la reforma de 1994, se ha otorgado jerarquía constitucional a 15 instrumentos internacionales sobre DDHH. Por su parte, el Juicio a las Juntas Militares y otras medidas en torno al acceso a la verdad y justicia de las víctimas de la última dictadura cívico-militar, posicionaron a la Argentina como referente en materia de justicia transicional.

Sin embargo, a partir de diciembre del 2023, con la asunción de Javier Milei como presidente, esta práctica cambió. Así, con el nuevo gobierno liberal las políticas internacionales alejaron al país del multilateralismo y se tornaron críticas del sistema internacional de DDHH.

Postura actual

Los acontecimientos diplomáticos recientes demuestran un cambio en la política exterior en materia de DDHH. El presidente de Argentina anunció la no adhesión del país a la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por considerar que esta impone una agenda ideológica a sus países miembros. En esa misma línea, por primera vez en años, no presentó su candidatura para ser miembro del Consejo de DDHH de la ONU. Adicionalmente, entre 2023 y 2026, la Argentina votó en contra de diversas resoluciones de la Asamblea General de la ONU. Algunas de ellas versaban sobre temáticas relacionadas a la violencia contra las mujeres y niñas, la tortura y la esclavitud.

En relación con la justicia transicional, expertos de la ONU advierten sobre los retrocesos del país en materia de memoria, verdad y justicia. Ello debido al desmantelamiento de instituciones dedicadas a la búsqueda de personas desaparecidas, la conservación de archivos y la promoción de los DDHH, e instancias públicas de negacionismo. Las medidas adoptadas se apoyan en la postura anti institucional del gobierno actual, basada en la defensa de la libertad individual y la lucha contra las ideologías. Además, las nuevas políticas reflejan la alianza entre Javier Milei y Donald Trump, quien ha mantenido una postura crítica hacia la ONU.

Consecuencias

Las medidas mencionadas demuestran una ruptura de los consensos nacionales históricos en relación con los DDHH. Así, de ser un país promotor del sistema internacional, Argentina pasa a ser un actor crítico y escéptico. Una de las consecuencias que esto trae aparejado se relaciona con la capacidad de control que tienen los organismos multilaterales en el ámbito nacional. De este modo, los entes externos a un Estado pierden la posibilidad de ejercer un límite al poder estatal en razón del aislamiento de este en el plano internacional.

A su vez, el rechazo a agendas globales sobre protección de DDHH dificulta la defensa de derechos individuales. Ello toda vez que debilita su exigibilidad en el plano interno al disminuir la obligación que tiene el país de respetarlos. Los estándares que se fijan internacionalmente marcan un piso que cada Estado se compromete a cumplir. Sin una adhesión a estos, los DDHH quedan sujetos exclusivamente al ordenamiento interno.

Sumado a ello, el posicionamiento externo es un reflejo de lo que sucede internamente. Al respecto, existen organizaciones no gubernamentales que alertan sobre los retrocesos en materia de DDHH y su impacto en el país. Adicionalmente, existen indicadores que plantean una recesión de la democracia en Argentina desde el año 2023, con una creciente autocratización.

Por otro lado, los posicionamientos diplomáticos no son neutrales sino que plasman alineamientos entre Estados. Particularmente, la orientación actual del gobierno argentino se inclina a seguir los pasos de Donald Trump con Estados Unidos. En ese sentido, los votos negativos a resoluciones de la ONU suelen coincidir con la postura del país norteamericano.

Cabe destacar que todas las acciones desarrolladas se enmarcan dentro de lo permitido por la ley y son parte de las políticas de Estado del gobierno actual. No obstante, frente a un país que históricamente ha estado a la vanguardia de la defensa de los DDHH ¿estamos dispuestos a enfrentar las consecuencias del cambio de postura? En caso afirmativo, ¿se debe a una imposición de la soberanía estatal o a la subordinación a influencias externas?