Litio: ¿un arma de doble filo?

Argentina se encuentra en el corazón del “triángulo del litio”, que, junto a Bolivia y Chile, concentra cerca del 60% de las reservas de este mineral esencial para la transición energética. Con una demanda global en crecimiento, el litio podría impulsar la economía argentina, diversificar exportaciones y generar empleo. Sin embargo, su extracción plantea un dilema, ya que el uso intensivo de recursos y su impacto en comunidades originarias y el ambiente podrían convertir esta oportunidad en un desafío para el desarrollo sostenible.

Un recurso con altos costos ecológicos y sociales

El litio es crucial para la fabricación de baterías en vehículos eléctricos y dispositivos electrónicos, sectores en auge a nivel mundial. Esto, sin lugar a dudas, representa una gran oportunidad para nuestro país.

Veamos su ciclo productivo: un factor crucial es que, su extracción a nivel local, utiliza métodos que requieren grandes volúmenes de agua, un recurso escaso en las regiones áridas de Jujuy, Salta y Catamarca. Para separar el litio de la salmuera, el proceso de evaporación consume alrededor de 2 millones de litros de agua por tonelada. Esta intensa demanda amenaza la sostenibilidad de los recursos hídricos y podría reducir el acceso a este elemento vital para las comunidades locales, que dependen de ella para la agricultura y la ganadería, actividades indispensables para su subsistencia.

Además, el proceso de evaporación genera residuos salinos y químicos, lo cual representa un riesgo de contaminación para los cuerpos de agua cercanos. La falta de una regulación efectiva en su tratamiento hace que el impacto ambiental de la minería del litio sea considerable. Los expertos señalan que, sin una intervención adecuada, esta explotación podría generar desequilibrios ecológicos difíciles de revertir.

El impacto en las comunidades indígenas

La minería de litio afecta a comunidades indígenas que ven sus territorios como parte de su identidad cultural y espiritual. La Pachamama, venerada en sus tradiciones, entra en conflicto con la explotación de los recursos naturales. El riesgo de agotamiento y contaminación del agua amenaza no solo la forma de vida de estas comunidades, sino también sus valores, lo que ha generado protestas y oposición. Sin embargo, algunas comunidades, como las de Salinas Grandes, consideran la minería una oportunidad de desarrollo económico, lo que ha provocado divisiones entre quienes la apoyan y quienes rechazan sus posibles consecuencias sociales y ambientales.

La respuesta del Estado y la necesidad de gobernanza sostenible

El gobierno argentino enfrenta el desafío de gestionar el auge del litio de manera que impulse el crecimiento económico sin comprometer los derechos de las comunidades locales ni el equilibrio ambiental. En este marco, la Ley 27.520 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental establece los lineamientos para la adaptación y mitigación al cambio climático, exigiendo la realización de estudios de impacto ambiental antes de iniciar proyectos mineros. Sin embargo, organizaciones como la FIDH (Federación Internacional por los Derechos Humanos) y medios locales señalan que estos estudios suelen ser insuficientes y que, en muchos casos, la consulta previa con las poblaciones afectadas, exigida por el Convenio 169 de la OIT, no se lleva a cabo de manera adecuada o resulta meramente simbólica. Esta normativa internacional, que protege los derechos de los pueblos indígenas y obliga al Estado a considerarlos en la práctica jurídica, subraya la importancia de la justicia y el respeto hacia estos sectores. Ante esta situación, los habitantes de las áreas afectadas demandan mayor transparencia en los procesos de toma de decisiones y una participación genuina en los proyectos que impactan su territorio y recursos.

Una oportunidad y un desafío

El litio es una gran oportunidad de crecimiento económico en el contexto de la transición energética global, pero también representa un desafío que exige gestionar un equilibrio delicado. Su extracción puede generar empleo y diversificar la economía, pero sin una gestión ambiental y social responsable, el país corre el riesgo de caer en la “maldición de los recursos,” donde los beneficios económicos se ven opacados por desigualdad y daño ambiental. Para evitarlo, es fundamental una gobernanza que incluya tanto al gobierno como a las comunidades y las empresas, promoviendo un desarrollo verdaderamente sostenible.