Políticas colaborativas: el caso del Programa de Infraestructura Urbana para la Generación de Empleos en Bolivia
En un rincón del altiplano andino, Bolivia ha ofrecido una lección inesperada sobre cómo reconstruir el contrato social a través de la infraestructura. Más que un simple programa de obras, la iniciativa de generación de empleos del FPS y FONPLATA se convirtió en una máquina de coser confianza cívica. Mediante la contratación y capacitación directa de comunidades vulnerables, no solo pavimentó calles, sino también nuevas formas de gobernanza participativa. En tiempos donde el escepticismo social frena reformas ambiciosas, el caso boliviano ilumina una estrategia tan obvia como poderosa: construir con la gente, no solo para la gente.
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Uno de los mayores obstáculos que deben superar los policymakers al planificar proyectos de infraestructura es el de vincular a las comunidades con las iniciativas que se llevan a cabo en el territorio. Es fundamental reconocer que toda intervención, por más beneficiosa que sea a largo plazo, inevitablemente genera una perturbación en el tejido social existente.
Frente a este desafío han surgido diferentes respuestas: desde audiencias públicas previas al inicio de las obras hasta compensaciones económicas para los damnificados. Sin embargo, uno de los enfoques que mejores resultados ha mostrado es el de las políticas colaborativas. Este tipo de intervención está basada en una premisa básica: la participación activa de los agentes alcanzados genera una sinergia positiva que reduce cualquier posible incertidumbre y abre paso a la colaboración.
Si bien es posible mencionar diferentes ejemplos, uno de los casos más destacados por su impacto es el Programa de Infraestructura Urbana para la Generación de Empleos en Bolivia. Este programa, desarrollado por el Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social de Bolivia (FPS) en colaboración con FONPLATA, buscaba contribuir al sostenimiento de los niveles de actividad de quienes vieron afectados sus ingresos habituales por inundaciones, sequías, y otros fenómenos climáticos a través de la generación de empleo temporal de población vulnerable, orientado a la implementación de proyectos de infraestructura urbana y rural de pequeña escala. Para lograrlo, se identificaron obras de infraestructura, especialmente vías urbanas, en diferentes ciudades pequeñas y medias; se contrató a los vecinos de las ciudades para llevar a cabo la construcción de las obras; se los capacitó en los oficios necesarios para llevar a cabo las labores y se los invitó a participar en diferentes etapas de diseño de las mismas. De esta manera, con una operación de USD 40.000.000, el programa logró un impacto multidimensional plasmado en la generación aproximada de 7000 empleos directos; una superficie vial mejorada de más de 600.000 m2 en zonas vulnerables; la mejora de diversos espacios públicos de interés a partir de un diseño colaborativo; y la capacitación laboral de miles de personas, especialmente mujeres y jóvenes.
El éxito del programa fue tal que se lanzó una segunda operación de USD 65.000.000 en la que se amplió el alcance de la iniciativa con el objeto de realizar obras de infraestructura básica, complementaria y de equipamiento urbano en ciudades capitales e intermedias; generar empleo directo e indirecto con énfasis en sectores sociales vulnerables (mujeres y jóvenes); y potenciar el desarrollo de micro, pequeñas y medianas empresas. Para alcanzar estos nuevos objetivos, a diferencia de la operación anterior, se realizaron convenios con pequeñas y medianas empresas con el compromiso de que estas contraten mano de obra local, manteniendo el espíritu de colaboración y control social de cara a la construcción de las obras. De esta manera, 21 ciudades intermedias se vieron beneficiadas con obras de mejoramiento de vías vehiculares y peatonales con losetas; construcción de áreas verdes; señalización horizontal y vertical; dotación de alumbrado público y obras de drenaje pluvial; equipamiento y mejora de áreas de recreación, áreas deportivas, casas comunales e infraestructura de apoyo al turismo. Asimismo, se generaron miles de puestos de trabajo tanto por los contratos de construcción como por las propias obras.
Si bien existen otros factores que explican el éxito del citado programa, como la organización social y constitución política del estado en Bolivia que identifica a los actores sociales como una parte activa de la implementación de las políticas públicas generando así un enorme potencial para las políticas colaborativas, el Programa de Generación de Empleos, marca un antecedente del potencial de este tipo de políticas para alcanzar un impacto multidimensional y capitalizar la intervención de los agentes involucrados. Un ejemplo claro de cómo se podría replicar esta metodología es en la mejora de barrios autoconstruidos, donde el desafío de reducir la incertidumbre de los habitantes ante la intervención es complejo: los habitantes desconfían de los agentes gubernamentales ya sea por el miedo a perder su hogar o bien por verse perjudicados de alguna manera con la intervención. Un programa similar al de Generación de Empleos le permitiría a los policy makers incorporar al proceso de intervención a los residentes del barrio, reduciendo sustancialmente el grado de incertidumbre; generar un programa de empleo formal, promoviendo el desarrollo social de decenas de familias tanto por la remuneración como por la capacitación necesaria para llevar a cabo la actividad y el acceso a los servicios financieros; y mejorar la infraestructura edilicia del barrio, mejorando la calidad de vida en general de la comunidad por medio de la llegada de servicios básicos y resguardando el sentido de arraigo.
En el marco de un escenario complejo como el que atraviesa la región, donde el déficit estructural se ve aparejado con un bajo crecimiento económico y crisis social, las políticas colaborativas nos demuestran que existe un enorme potencial que podemos aprovechar para lograr más y mejores resultados con los mismos recursos.