Redes sociales: el desafío regulatorio
En 2024, Brasil se convirtió en el escenario de una intensa disputa entre X, propiedad de Elon Musk, y el Supremo Tribunal Federal, reflejando un dilema global: ¿cómo regulan los gobiernos las plataformas digitales sin comprometer la libertad de expresión? Este análisis examina el caso brasileño, las tendencias internacionales en Europa y América Latina, y los desafíos pendientes para Argentina en su búsqueda de soberanía digital.
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En 2024, Brasil se convirtió en el epicentro de uno de los mayores conflictos entre las plataformas digitales y los gobiernos nacionales. La confrontación entre X (propiedad de Elon Musk) y el Supremo Tribunal de Brasil alcanzó su punto más álgido con la suspensión judicial de sus operaciones en el país. Por un lado, el Supremo Tribunal acusó a X de incumplir obligaciones legales contempladas en la Carta de Derechos de Internet. Por otro lado, Musk denunció que estas demandas atentaban contra la libertad de expresión de los usuarios, desafiando valores democráticos, mientras se negaba a compartir datos solicitados por las autoridades.
Este caso refleja una pequeña fracción de un dilema global: la regulación de plataformas digitales en un contexto donde los gobiernos buscan garantizar su soberanía digital sin comprometer la libertad de expresión.
La Encrucijada Digital: ¿Regulación o Restricción?
En el entorno actual, las fronteras entre lo digital y lo presencial, así como entre lo público y lo privado, se tornan cada vez más difusas. Gobiernos nacionales y plataformas tecnológicas operan bajo marcos legales diferentes, coexistiendo y, en ocasiones, entrando en conflicto. El caso brasileño plantea una pregunta crucial para Argentina: ¿están convergiendo ambos marcos legales, o el orden jurídico nacional colisiona con las dinámicas del ecosistema digital?
Tendencias Internacionales: ¿Un Camino Dispar?
A nivel global, las estrategias para abordar la regulación de redes sociales varían significativamente, oscilando entre enfoques regulatorios y restrictivos.
En la Unión Europea, las leyes Digital Service Act y Digital Markets Act (vigentes desde 2022) establecen un marco supranacional que regula responsabilidades sobre publicidad, contenidos ilícitos y desinformación, imponiendo multas económicas a los infractores. Este enfoque se complementa con legislaciones nacionales sobre ciberseguridad y defensa de la competencia. Según el mapa interactivo “LupaMundi”, existe un crecimiento en normativas sobre desinformación y "fake news" en todo el mundo.
En América Latina, México ha adoptado un enfoque regulatorio proactivo, aunque sin concretar una ley específica de ciberseguridad. Las normativas federales de países como Colombia y Perú buscan equilibrar el poder de las plataformas con los derechos de los usuarios. Brasil, sin embargo, sobresale por su enfoque restrictivo. Su legislación permite la moderación e intervención estatal en contenidos, incorporando al Estado como mediador en el sistema de autorregulación de las plataformas. Proyectos como el PL n°2630/2020 han propuesto medidas como la identificación obligatoria de usuarios y restricciones a la difusión masiva de mensajes, exigiendo cambios en las políticas de moderación de las plataformas.
El Caso Argentino: ¿Sin Rumbo?
En Argentina, el marco normativo sobre TICs está representado por la Ley Argentina Digital (27.078/14), que declaró de interés público el desarrollo de estas tecnologías, garantizando la neutralidad de la red. Sin embargo, esta legislación aborda principalmente la infraestructura tecnológica, dejando de lado la regulación de plataformas de redes sociales y su contenido.
Hasta ahora, los esfuerzos legislativos se han centrado en temas específicos como la desinformación y la publicidad en redes sociales, pero no existe un marco legal integral que aborde los desafíos de moderación de contenido y soberanía digital. Esto plantea tres grandes desafíos para el país:
Equilibrio entre regulación y libertad de expresión: Las futuras leyes deberán encontrar un balance entre combatir la desinformación y proteger la libertad de expresión, definiendo claramente qué tipo de soberanía digital se desea construir.
Fortalecimiento de alianzas regionales: Es crucial reforzar compromisos internacionales y establecer principios comunes que orienten las legislaciones nacionales, considerando los avances limitados en la materia.
Actualización normativa y cohesión social: La falta de legislación coordinada podría exacerbar la polarización social, facilitar la difusión de discursos violentos y comprometer la transparencia informativa, especialmente durante procesos electorales.
Conclusión: El Reto de la Educación Preventiva
Argentina ha avanzado en la regulación de la infraestructura tecnológica, pero no ha establecido un marco legal robusto para las plataformas de redes sociales en términos de contenido. Tanto si el país opta por un enfoque regulatorio como restrictivo, un aspecto central será adoptar una perspectiva preventiva, donde la educación juegue un papel fundamental para garantizar un uso más responsable y democrático de las redes sociales.