Soberanía digital: una condición para la supervivencia del Estado

Tradicionalmente, los actores clave de la política internacional han accionado en el espacio físico. Sin embargo, el avance tecnológico ha abierto una nueva dimensión para la acción y el conflicto: el ciberespacio. Así, la política internacional ya no se desarrolla exclusivamente de forma tangible, sino también en redes interconectadas que no reconocen fronteras físicas.

El politólogo Joseph Nye define el ciberespacio como el ámbito en el que se emplean herramientas electrónicas para manipular información en sistemas interconectados. De ahí surge el concepto de ciberpoder (cyber‑power): la capacidad de influir, coaccionar o desestabilizar a través de medios digitales. Estas dinámicas están redefiniendo las reglas del juego internacional.

Durante siglos, la soberanía se entendió como el control exclusivo sobre un territorio físico: gobernar poblaciones y regular fronteras, decidiendo sobre el flujo de bienes y personas. La digitalización ha transformado ese paradigma, expandiendo nuestra comprensión de la soberanía hacia el dominio de los datos, las redes y los flujos digitales. Así surge la soberanía digital, entendida como la capacidad de un Estado para controlar las redes digitales de información, tanto dentro como más allá de sus fronteras.

Los países periféricos frente al desafío de la soberanía digital

El ciberespacio ofrece oportunidades inéditas para que países periféricos y en desarrollo proyecten influencia, ya que reduce barreras y amplía canales de participación en el sistema internacional. Sin embargo, esas mismas características amplifican la exposición a riesgos. Los flujos de datos viajan sin pasaporte y las intrusiones digitales (incluidos hackeos a bases de datos gubernamentales) son cada vez más frecuentes.

Cuando un Estado carece de capacidades digitales, este pierde información estratégica, compromete su seguridad y debilita su proceso de toma de decisiones. Es decir, expone su autonomía. Los ejemplos recientes de América Latina lo ilustran con crudeza: la región es víctima recurrente de espionajes masivos, filtraciones de información pública y ventas ilegales de datos.

Para los países con capacidades tecnológicas mínimas o nulas, la amenaza es aún más grave. El manejo de grandes volúmenes de datos sensibles (como registros biométricos o datos fiscales) abre la puerta a vulnerabilidades que pueden ser explotadas tanto por potencias extranjeras como por organizaciones criminales. La fuga o eliminación deliberada de estos datos puede paralizar funciones esenciales del Estado y utilizarse con fines políticos o coercitivos: desde chantaje a funcionarios hasta manipulación electoral.

Reiteramos: en contextos institucionalmente frágiles, una filtración masiva no es solo un problema técnico. Se trata de un golpe directo a su soberanía. Sin marcos normativos robustos ni capacidades técnicas adecuadas, las instituciones de gobierno se ven gravemente amenazadas.

La lección es clara: en el siglo XXI, quien no controle su espacio digital perderá soberanía en todos los frentes. Para los países periféricos, la ciber‑soberanía no es un lujo: es una condición mínima para la supervivencia del Estado.