Una nueva arquitectura para el trabajo en la Argentina

En un país con el empleo formal estancado, altos niveles de informalidad y una legislación laboral diseñada para otra época, la reforma laboral vuelve al centro del debate. El proyecto impulsado en 2025 propone cambiar reglas históricas del mundo del trabajo y reabre una pregunta clave: ¿cómo equilibrar flexibilidad, derechos y creación de empleo en la Argentina actual?

¿A qué responde esta iniciativa?

La reforma laboral que impulsa el gobierno argentino se inscribe en un diagnóstico compartido por organismos técnicos y centros de estudio: el mercado laboral argentino muestra problemas estructurales persistentes. Desde hace más de una década, el empleo privado formal prácticamente no crece, mientras aumenta el trabajo informal o cuenta-propista. El número de asalariados registrados del sector privado se encuentra estancado desde 2010 y la informalidad superó el 40% de los ocupados en el segundo trimestre de este año.

En este marco, el gobierno plantea la necesidad de redefinir la “arquitectura normativa del trabajo” con objetivos explícitos: generar empleo formal privado, reducir la informalidad, atraer inversiones, generar previsibilidad para empleadores y trabajadores y aumentar la recaudación fiscal. La premisa central es que una legislación más simple y previsible podría incentivar la contratación formal y ampliar la base contributiva.

A este escenario se suma un marco normativo complejo y altamente judicializado. Los costos de despido, la incertidumbre jurídica y la duración de los juicios laborales desincentivan la contratación, especialmente para pequeñas y medianas empresas. En este contexto, el gobierno plantea que la legislación actual, pensada para una economía industrial y estable, no se adapta a un mercado laboral más fragmentado, digitalizado y volátil.

Otro de los fundamentos clave del gobierno para impulsar la reforma laboral es su potencial efecto positivo sobre la recaudación pública. El razonamiento oficial parte de una lógica simple: más empleo formal implica más trabajadores y empleadores aportando al sistema fiscal y previsional, lo que fortalece las finanzas del Estado sin necesidad de subir impuestos.

¿Qué cambios introduce el proyecto?

En materia de indemnizaciones por despido, se reduce la base de cálculo, excluyendo conceptos como el aguinaldo, premios no habituales o pagos extraordinarios. Además, se establece que la indemnización abonada tiene carácter “total y cancelatorio”, con el objetivo de reducir litigios posteriores. También se fija un mecanismo de actualización automática por inflación más un interés fijo, en reemplazo de la discrecionalidad judicial.

Uno de los puntos más novedosos es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un sistema alternativo al esquema tradicional de indemnización. Bajo este modelo, el empleador realiza aportes mensuales a un fondo destinado a cubrir eventuales despidos. El fondo es optativo y convive con el régimen clásico, pero busca anticipar y distribuir en el tiempo el costo del despido, reduciendo su impacto financiero inmediato.

En cuanto a la organización del tiempo de trabajo, el proyecto habilita bancos de horas, permitiendo compensar horas extra con descansos posteriores, y flexibiliza el régimen de vacaciones. También se amplían las posibilidades de negociación salarial, incorporando premios por productividad o desempeño.

El proyecto introduce además cambios en la negociación colectiva, eliminando la ultra-actividad de los convenios (es decir, dejan de regir una vez vencidos si no hay un nuevo acuerdo) y otorgando mayor peso a los convenios por empresa. En paralelo, se amplía la lista de servicios esenciales, restringiendo el alcance del derecho de huelga en sectores considerados estratégicos, como el transporte y la logística (especialmente puertos, transporte de cargas y distribución de combustibles), los servicios energéticos como electricidad, gas y petróleo, las telecomunicaciones, el sistema financiero y los medios de pago electrónicos, así como áreas clave de la salud y la producción y distribución de alimentos.

Finalmente, la reforma incorpora incentivos a la formalización laboral, como reducciones temporales de cargas patronales para nuevas contrataciones y un régimen de regularización del empleo no registrado. Este esquema busca facilitar la transición de trabajadores informales al empleo formal, reduciendo los costos iniciales para los empleadores y ofreciendo mecanismos de blanqueo sin sanciones retroactivas severas. El objetivo es ampliar la base del empleo registrado de manera gradual, mejorar la protección social de los trabajadores y aumentar la recaudación previsional en el mediano plazo.

Modelos internacionales comparables: ¿qué se hizo en otros países?

Aunque el debate sobre la reforma laboral suele presentarse como excepcional, muchos de los instrumentos incluidos en la reforma argentina tienen antecedentes internacionales.

Un caso paradigmático es Austria, que en 2003 reemplazó el sistema tradicional de indemnización por despido por un fondo individual de capitalización, conocido como “mochila austríaca”. En este esquema, el empleador aporta mensualmente un porcentaje del salario a una cuenta a nombre del trabajador. El fondo acompaña al trabajador durante toda su trayectoria laboral y puede utilizarse al finalizar la relación laboral o incluso para la jubilación. Este sistema redujo significativamente la litigiosidad y aumentó la movilidad laboral, aunque funciona en el marco de un Estado de bienestar sólido.

Otro modelo frecuentemente citado es el de Dinamarca, basado en el principio de “flexiguridad”. Allí, la legislación permite una alta flexibilidad para contratar y despedir, pero se combina con seguros de desempleo generosos y políticas activas de capacitación y reinserción laboral. La experiencia danesa muestra que la flexibilidad no necesariamente implica precarización, siempre que esté acompañada de una fuerte protección social.

En España, las reformas laborales de 2012 introdujeron límites a la ultraactividad de los convenios colectivos y redujeron costos de despido, buscando dinamizar el empleo. Sin embargo, el aumento de la precariedad llevó a una nueva reforma en 2021, que reequilibró el sistema fortaleciendo la negociación colectiva. El caso español ilustra que las reformas laborales suelen requerir ajustes posteriores.

En América Latina, Chile avanzó en una modernización más gradual, manteniendo el sistema indemnizatorio pero introduciendo mejoras en la negociación colectiva y regulaciones para nuevas formas de empleo. Su experiencia muestra una estrategia incremental, con menor impacto inmediato pero mayor estabilidad normativa.

Estos casos sugieren que no existe un único modelo exitoso: los resultados dependen del equilibrio entre flexibilidad, protección social e instituciones fuertes.

Pros y contras de la reforma

Entre los argumentos a favor, se destaca la actualización de una legislación considerada obsoleta. Diversos economistas y especialistas sostienen que una mayor previsibilidad jurídica y la reducción de la litigiosidad podrían incentivar la contratación formal, especialmente en pymes. El fondo de cese laboral, en particular, permitiría distribuir el costo del despido y reducir conflictos judiciales.

Sin embargo, los cuestionamientos son significativos. Juristas y sindicatos advierten que la reforma reduce el nivel de protección del trabajador, debilita el principio protectorio del derecho laboral y restringe el derecho de huelga. Además, algunos economistas alertan sobre el impacto fiscal del FAL, ya que el desvío de aportes podría afectar el financiamiento del sistema previsional. A ello se suma el riesgo de que una mayor flexibilidad, en un contexto de alta informalidad y una red de protección social limitada, derive en empleos más inestables sin una mejora sustancial en la creación de puestos formales.

Una reforma necesaria, pero no exenta de riesgos

La reforma laboral propuesta en 2025 representa uno de los intentos más ambiciosos de redefinir las reglas del trabajo en Argentina desde el retorno de la democracia. Responde a problemas reales y persistentes del mercado laboral, pero también plantea tensiones profundas entre eficiencia económica y protección social.

La experiencia internacional muestra que la flexibilización puede contribuir a dinamizar el empleo, pero solo cuando se combina con instituciones sólidas y políticas de protección activas. En ese sentido, el desafío central para Argentina no es solo cambiar normas, sino construir un equilibrio sostenible entre competitividad, derechos laborales y cohesión social. El resultado final dependerá tanto del texto aprobado como de su implementación efectiva. Más que una solución inmediata, la reforma abre un proceso de redefinición del modelo de trabajo en el país.