Entre promoción y restricción: ¿cómo gestionar una crisis turística?
El crecimiento desmedido del turismo en las últimas décadas ha saturado los lugares más renombrados. Los países han impuesto límites de acceso, regulaciones y tasas turísticas. En el caso de Argentina, aunque el sobre-turismo aún no está generalizado, el gobierno está aplicando políticas preventivas para promover la diversificación, federalización y sostenibilidad de la actividad. El reto es proponer políticas públicas que garanticen un equilibrio entre la productividad, la preservación cultural y el cuidado ambiental.
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El turismo, históricamente un potente motor económico y gran vehículo para el intercambio cultural, se enfrenta hoy en una encrucijada. Su crecimiento exponencial en las últimas décadas ha saturado destinos emblemáticos, desatando una creciente tensión social que provocó el auge del anti-turismo. Esta resistencia, que va desde protestas en las calles hasta la regulación de alojamientos, revela la insostenibilidad de un modelo enfocado en la maximización de la llegada de visitantes. Ante este escenario, la pandemia de COVID-19 no sólo paralizó el sistema, sino que expuso su fragilidad inherente, acelerando la necesidad de un replanteamiento profundo. Así las políticas públicas evolucionan, buscando el equilibrio entre la promoción y la restricción, para garantizar la sostenibilidad del turismo con un enfoque preventivo en Argentina.
De la bonanza al límite: evolución del turismo global
Durante el siglo XX, la visión predominante del turismo se conceptualizó como una “industria sin chimeneas”, una fuente de desarrollo capaz de generar empleo, divisas e infraestructura. Este enfoque prioriza los beneficios económicos y, a menudo, subestima los costes ambientales, culturales y sociales. Un ejemplo es la intervención del Estado argentino en la democratización del acceso al ocio a través del turismo social. Se asentaron políticas que movilizara a las personas a visitar diferentes puntos del país, con el fin de acrecentar la industria turística.
Con la llegada del siglo XXI, la liberación económica y el fortalecimiento de la iniciativa privada impulsaron una expansión sin precedentes del turismo internacional. En el caso de México, las inversiones públicas en infraestructura turística generó un “efecto multiplicador” para el crecimiento de la empleabilidad y el Producto Interno Bruto local. El Estado facilitó el desarrollo del sector por décadas, priorizando la expansión a gran escala.
La bonanza del modelo turístico de crecimiento acelerado, que no prioriza la resiliencia y la sostenibilidad, mostró su fragilidad inherente con la llegada de la crisis sanitaria. La caída sin precedentes de la actividad durante la pandemia, evidenció que la resiliencia del sector no puede depender solo de su expansión, sino de su capacidad de adaptación.
Políticas internacionales frente al sobre-turismo
La presión del turismo masivo ha impulsado a muchos destinos a implementar medidas contundentes para gestionar la afluencia de visitantes. Las políticas públicas a nivel internacional reflejan una diversificación de estrategias utilizadas que van más allá de la promoción. Un ejemplo es la regulación de los alquileres a corto plazo en Barcelona. La ciudad defiende la prohibición de los alquileres turísticos de pisos para combatir el encarecimiento, que ha disparado los precios de alquileres (68% en 2024) y generado conflicto entre los habitantes. Aunque las nuevas regulaciones generan críticas en la industria, las restricciones contribuyen en parte a frenar la saturación de las ciudades de Europa.
Una disposición cada vez más común es la implementación de tasas e impuestos turísticos para administrar la entrada de extranjeros. La tasa de entrada para visitantes de un día busca controlar el flujo de las principales calles y cuidar el patrimonio local. Asimismo, se restringe la cantidad de turistas y cruceros que pueden arribar a las costas, como Atenas, que posee un límite de 20.000 visitantes al día. Estos límites de acceso han colaborado en reducir la presión sobre la infraestructura y el hartazgo de los ciudadanos.
Además, la aplicación de estrategias que promocionen el flujo de los turistas a destinos menos conocidos o en baja temporada, contribuye a una distribución equitativa de los visitantes a lo largo del año. Esta reorientación permite diversificar en mayor medida sus experiencias y ser una solución viable para favorecer la economía regional. En conjunto, las políticas públicas buscan frenar la conglomeración de turistas, promover prácticas sostenibles y beneficiar directamente a las comunidades locales, minimizando el impacto ambiental.
El caso argentino: entre prevención y oportunidad
En Argentina, el “sobreturismo” no es un problema tan extendido como en las grandes capitales europeas. El país ha estado más enfocado en la reactivación y el crecimiento del sector tras la pandemia. Sin embargo, las políticas actuales incorporan principios de sostenibilidad y resiliencia que, de implementarse eficazmente, podrían prevenir futuras crisis de masificación.
Las acciones del gobierno se concentran en un turismo receptivo y la diversificación. El país se dispone a aumentar la llegada de turistas internacionales a través de una flexibilización de requisitos de entrada y el impulso de la conectividad aérea. Aerolíneas Argentinas, por ejemplo, programó 330 vuelos diarios durante las vacaciones de invierno, con más de 1.4 millones de asientos disponibles, posicionando al país como un destino atractivo.
Por otra parte, la federalización del turismo propone destinos emergentes y menos conocidos del territorio nacional para distribuir el flujo turístico de los circuitos tradicionales. Según los datos del Observatorio Argentino de Turismo (OAT) de la Cámara Argentina de Turísmo (CAT), se detalla el escalonamiento de las vacaciones de invierno para equilibrar el flujo. Los destinos clásicos como Bariloche y las Cataratas del Iguazú obtuvieron una ocupación del 80% y 85%. Mientras que los puntos emergentes lograron atraer una gran cantidad de visitantes: Catamarca alcanzó una ocupación del 75%, Jujuy recibió 157.000 turistas y Mendoza, 320.000 visitantes. La participación local se vuelve fundamental para estabilizar la productividad.
La estrategia argentina es clara, apunta a un crecimiento turístico más consciente, distribuido e integrado, creando un marco de gestión más sólido antes posibles crisis. El desafío es asegurar que este fomento no replique los errores de la masificación descontrolada, sin comprometer la calidad de vida de los residentes y la integridad de los destinos.
Hacia una política turística integral
La evolución del turismo demuestra que la política pública en la materia no puede ser solo una herramienta de promoción económica. El Estado debe asumir un rol de gobernanza integral que no solo fomente la actividad, sino que también anticipe obstáculos, se adapte a los cambios y gestione las crisis.
Un modelo integral exige la participación comunitaria como pilar fundamental para sostener la cultura y la identidad local. Además, considera la protección ambiental como un límite no negociable al crecimiento. Esto implica la necesidad de regular la capacidad de carga de los ecosistemas, como los Parques Nacionales, para asegurar su preservación a largo plazo. Es decir, las decisiones deben equilibrar la productividad con la preservación cultural y el cuidado del medio ambiente. La gestión de un destino turístico debe ser una política de Estado que trascienda los cambios de gobierno y se base en un plan estratégico que incluya a todos los actores relevantes.
La paradoja del turismo
El turismo global se enfrenta a la paradoja de su propio éxito: su crecimiento sin límites amenaza su sostenibilidad a largo plazo. La respuesta de los gobiernos, especialmente en las ciudades más afectadas, ha sido la adopción de medidas directas y, en ocasiones, restrictivas para gestionar el flujo de visitantes y proteger la calidad de vida de sus residentes.
En este contexto, Argentina se encuentra en una posición única. Al no padecer aún el sobre-turismo, el país tiene la valiosa oportunidad de diseñar un modelo turístico sostenible desde la prevención. La política pública debe trascender la mera promoción y transformarse en un instrumento que garantice que la actividad turística beneficie a las comunidades y proteja el patrimonio, logrando así un equilibrio vital entre la productividad, la cultura y el medio ambiente.